La iniciativa propone fijar en un peso por metro cuadrado el costo de enajenación, para familias que cumplan con los requisitos de regularización.

En sesión de Cabildo, la regidora Isela Martínez Díaz presentó una iniciativa para establecer una tarifa especial para la enajenación de terrenos municipales sujetos a procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra, con el objetivo de facilitar que más familias puedan obtener certeza jurídica sobre el inmueble que habitan.

La coordinadora de regidores del PAN explicó que esta propuesta plantea establecer una tarifa de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) por metro cuadrado para los terrenos municipales ubicados en 28 colonias que se encuentran dentro de los procedimientos de regularización, entre ellas Francisco Villa, Campesina, Desarrollo Urbano, Manuel B. Aguirre, Ramón Reyes, Bellavista, San Jorge, Tierra y Libertad I, Díaz Ordaz, Barrio de Londres, Leandro Valle, Sector Independencia, Arturo Gámiz, Josefa Ortiz de Domínguez, Colonia Hidalgo, Lealtad 1 y 2, Ampliación Revolución, Nuevo Triunfo, PRI Reforma, Las Vencedoras, Cerro Prieto, Valle Escondido y Pablo Gómez.

“La familia es la piedra angular de nuestra comunidad y darle certeza jurídica sobre su patrimonio significa también darle tranquilidad y seguridad sobre aquello que con tanto esfuerzo ha construido a lo largo de los años”, expresó la Regidora.
En este sentido, destacó que brindar certeza al patrimonio de las familias es una prioridad para el Gobierno Municipal y para el alcalde Marco Bonilla Mendoza, quien ha instruido explorar alternativas que permitan acompañar y facilitar los procesos de regularización, privilegiando el cuidado del patrimonio de quienes han construido su hogar en estas colonias.

La iniciativa parte de los esfuerzos que el Municipio de Chihuahua ha realizado previamente en esta materia. Como antecedente, en sesión del Ayuntamiento del 12 de agosto de 1999 se aprobó una Tarifa de Valores para la Enajenación de Terrenos Municipales aplicable a 28 colonias administradas por el Municipio, con el propósito de generar condiciones que permitieran avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra.

Sin embargo, actualmente todavía existen inmuebles cuya situación jurídica permanece pendiente, por lo que la propuesta busca actualizar las condiciones para facilitar la conclusión de estos procedimientos, de conformidad con el marco jurídico vigente.
Para acceder a la tarifa especial, las personas solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento del Patrimonio del Municipio de Chihuahua, entre ellos acreditar una posesión del terreno municipal por más de cinco años, habitar el inmueble, encontrarse al corriente en el pago de servicios y que, al momento de realizar la solicitud, ni la persona interesada ni su cónyuge cuenten con otro bien inmueble registrado a su nombre.

La Regidora informó que la tarifa propuesta únicamente determinará el precio aplicable a la enajenación de los terrenos municipales sujetos al procedimiento de regularización, por lo que no representa una modificación a los valores catastrales de los inmuebles, los cuales continuarán determinándose conforme a la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua y a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción vigentes.

El proyecto contempla impulsar mecanismos de coordinación y colaboración que permitan disminuir las cargas económicas relacionadas con el procedimiento, particularmente aquellas correspondientes a la elaboración de planos catastrales, servicios periciales y demás documentación necesaria para integrar los expedientes.

Martínez Díaz destacó que esta propuesta forma parte de una visión de gobierno cercana a las necesidades de las familias, que busca generar soluciones concretas para quienes durante años han trabajado para construir un hogar y un patrimonio propio. La certeza jurídica sobre la vivienda representa un paso fundamental para consolidar ese esfuerzo y avanzar hacia un municipio más ordenado.

Con esta iniciativa, se busca establecer un criterio uniforme y accesible que permita a las personas que cumplan con los requisitos correspondientes contar con mejores condiciones para concluir la regularización del terreno que habitan, fortaleciendo así la seguridad jurídica de las familias y de su patrimonio.