Chihuahua.- Usuarios de telefonía celular en Chihuahua hicieron llegar a esta redacción una queja por la recepción de mensajes políticos y encuestas atribuidas a Morena, los cuales, aseguran, aparecen directamente en sus teléfonos sin que hayan solicitado este tipo de comunicaciones.

“Buenos días, quiero denunciar el acoso de spam político que estamos sufriendo. Nos llegan mensajes con encuestas de Morena que interrumpen completamente el uso del celular. Ya somos varios afectados y nos intriga saber cómo obtienen nuestros números para mandar este tipo de alertas. Ojalá puedan leer el reporte y hacerlo público”, señala una de las denuncias recibidas.

La inconformidad no se limita al contenido político de los mensajes, sino que también plantea una pregunta relacionada con la protección de datos personales: ¿de dónde obtienen los partidos o las empresas que realizan estos envíos los números telefónicos de los ciudadanos?

La legislación mexicana establece obligaciones específicas para quienes realizan tratamiento de datos personales. La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados señala que deben observarse principios como licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, proporcionalidad e información, además de que el tratamiento debe estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas.

La misma legislación contempla que el consentimiento de la persona titular es, por regla general, necesario para el tratamiento de sus datos, aunque existen excepciones previstas expresamente por la propia ley. Esto significa que la simple recepción de un mensaje no permite determinar por sí misma que exista una violación a la legislación: para establecer una posible responsabilidad tendría que conocerse quién obtuvo los números, de qué base de datos provinieron, con qué finalidad fueron recabados y bajo qué fundamento fueron utilizados o transferidos.

El número telefónico forma parte de la información que puede identificar a una persona y, en el caso de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral cuenta actualmente con una Autoridad Garante de los Partidos Políticos encargada de atender asuntos relacionados con transparencia y protección de datos personales. El INE señala que puede resolver problemas relacionados con el uso o mal uso de datos personales por parte de los partidos y adoptar medidas ante posibles incumplimientos.

La situación cobra mayor relevancia debido a que durante los últimos meses ya se han documentado en Chihuahua envíos masivos de mensajes SMS relacionados con la disputa interna de Morena rumbo al proceso electoral de 2027. El 24 de junio fueron reportados mensajes masivos relacionados con los equipos de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, mientras que el 18 de septiembre usuarios de telefonía volvieron a reportar mensajes mediante la modalidad SMS Flash relacionados con una encuesta interna de Morena.

En este último caso, medios locales señalaron que no se había identificado públicamente quién contrató o financió el envío masivo ni cuántos usuarios recibieron los mensajes. Tampoco se había localizado un pronunciamiento oficial de Morena que confirmara que el contenido difundido mediante SMS correspondiera al resultado definitivo de su encuesta interna.

El fenómeno también abre una discusión sobre la diferencia entre propaganda política, encuestas y tratamiento de datos personales. Los partidos pueden realizar actividades de comunicación política, pero ello no significa que tengan acceso irrestricto a los números telefónicos de la población ni que puedan utilizar cualquier base de datos sin sujetarse a las reglas aplicables.

Además, el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) de Profeco no constituye una vía para detener automáticamente los mensajes de los partidos políticos. La propia dependencia establece que las comunicaciones de organizaciones políticas y partidos quedan fuera de los procedimientos del REPEP, que está diseñado para publicidad y mercadotecnia de proveedores y empresas.

Por ello, para determinar si detrás de los mensajes denunciados existe un uso indebido de datos personales, sería necesario identificar al responsable del envío, la empresa que lo realizó en caso de existir un intermediario, la procedencia de los números telefónicos y el aviso de privacidad o fundamento jurídico utilizado para tratar esos datos.

La inquietud de los usuarios también alcanza a las compañías de telecomunicaciones, aunque la llegada de un SMS político no significa por sí misma que la empresa telefónica haya entregado la información a un partido. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones señala que los operadores tienen obligaciones relacionadas con la privacidad y seguridad de sus usuarios, mientras que el acceso de aplicaciones y servicios a información como contactos, mensajes o registros depende de los permisos otorgados en cada dispositivo.

El reclamo queda así sobre la mesa: los usuarios quieren saber quién tiene sus números, cómo los obtuvo y con qué autorización se utilizan para enviarles mensajes políticos que no solicitaron, particularmente cuando estas comunicaciones aparecen directamente en sus teléfonos e interrumpen el uso habitual del dispositivo.