Por Redacción

CIUDAD DE MÉXICO — La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló esta semana que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió más de 40 millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a través de la casa de bolsa mexicana Vector.

La investigación, que forma parte de una ofensiva más amplia contra el lavado de dinero ligado al narcotráfico, señala que entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó múltiples transacciones con Vector. Estas operaciones, según FinCEN, facilitaron el tráfico ilícito de opioides y sirvieron para ocultar pagos del cártel liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El rostro de la seguridad, al servicio del crimen

García Luna fue durante años el funcionario más visible de la llamada “guerra contra el narco”. Sin embargo, en 2023 fue declarado culpable en una corte federal de Nueva York por conspiración para el tráfico de drogas y participación en una empresa criminal continua. En octubre de 2024, fue sentenciado a 38 años y cuatro meses de prisión, además de una multa de 2 millones de dólares.

Durante el juicio, fiscales estadounidenses demostraron que el exfuncionario permitió al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a cambio de sobornos millonarios. Ahora, con las nuevas revelaciones, el caso adquiere una dimensión financiera que involucra a instituciones del sistema bursátil mexicano.

Vector, en la mira

Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, fue señalada por FinCEN como una de las entidades que “participó en varias transacciones durante varios años que involucraron ganancias de sobornos”. La institución también habría brindado servicios financieros al Cártel del Golfo, según el mismo informe.

Como consecuencia, el Tesoro estadounidense emitió sanciones que bloquean ciertas transacciones con Vector, así como con CIBanco e Intercam, por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero para cárteles mexicanos.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre las nuevas acusaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha señalado que no ha recibido pruebas formales de EE.UU., aunque advirtió que aplicará “todo el peso de la ley” si se confirman los delitos.

Mientras tanto, el caso García Luna sigue revelando capas de complicidad institucional, redes financieras opacas y una pregunta que resuena con fuerza: ¿cuántos más sabían?