Juicio Político/EL COSTO DE LA IMPUNIDAD Y LA CAJA DE PANDORA EN CHIHUAHUA/LA DOBLE FAZ Y LAS ALIANZAS OSCURAS EN EL PAN CHIHUAHUA/LA INTROMISIÓN FEDERAL Y LA DEFENSA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
– EL COSTO DE LA IMPUNIDAD Y LA CAJA DE PANDORA EN CHIHUAHUA
– LA DOBLE FAZ Y LAS ALIANZAS OSCURAS EN EL PAN CHIHUAHUA
– LA INTROMISIÓN FEDERAL Y LA DEFENSA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
JUSTICIA: La gobernadora Maru Campos fue categórica al afirmar que la actuación del exfiscal César Jáuregui y de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) no se puede perdonar, confirmando que existen carpetas de investigación abiertas tanto en la instancia estatal como en la Fiscalía General de la República (FGR).
REVELACIÓN: En entrevista con el periodista Claudio Ochoa para Latinus, la mandataria reveló que, de no haberse registrado el caso de los agentes estadounidenses, jamás se habría destapado lo que calificó como una auténtica caja de Pandora dentro de la institución, operada por quienes actuaron por la libre y al margen de la autoridad.
DESCONFIANZA: Campos cuestionó severamente la falta de comunicación sobre estos hechos, advirtiendo que la omisión de notificar a la titularidad del Ejecutivo siembra profundas dudas sobre qué otras situaciones irregulares pudieron haberse cometido en el pasado sin su conocimiento, mientras ambas fiscalías se aproximan al cierre de sus indagatorias.
REORGANIZACIÓN: Ante la evidente carencia de orden, disciplina y resultados que imperaba en la dependencia, la gobernadora designó el pasado viernes a Gilberto Loya —quien se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado— como encargado de despacho, apostando por replicar el modelo de reducción de homicidios.
PENDIENTES: La reestructuración institucional en Chihuahua todavía exige poner orden al interior de la Agencia Estatal de Investigación, especialmente en inteligencia y operaciones estratégicas, además de consolidar una coordinación más estrecha y firme con la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno Federal.
INCONSISTENCIA: En la política chihuahuense, la coherencia suele ser el primer bien de consumo que se deprecia, siendo el caso de Rafael Loera uno de los más emblemáticos al ostentarse como panista de cepa mientras sus movimientos alimentan profundas dudas en la militancia.
CONIVENCIA: Versiones insistentes señalan que Loera ha movilizado su estructura para engrosar los eventos de Cruz Pérez Cuéllar —alcalde con licencia y coordinador de Morena— con el aparente objetivo de hacerle el caldo gordo a Sahir Rentería, un empresario estrechamente ligado al proyecto morenista desde diciembre pasado.
TRANSPARENCIA: Este contubernio cruza hacia el terreno institucional al cuestionarse las posibles operaciones comerciales entre la cadena Ferreterías Rewo y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común durante la gestión de Loera, exigiendo una revisión exhaustiva de contratos y proveedores.
PRAGMATISMO: Las aguas agitadas del blanquiazul también revelan un entendimiento entre Rafael Loera y César Jáuregui, cuya estrategia busca incidir en la vida interna del partido ya sea mediante una disputa por el control o un desgaste que debilite a la estructura.
DISYUNTIVA: Competir democráticamente es legítimo, pero utilizar la institucionalidad partidista para intereses de facción y coquetear con Morena mientras se exige espacio en Acción Nacional obliga a la militancia a exigir cuentas claras sobre quiénes juegan para el partido y quiénes para su conveniencia personal.
AUTONOMÍA: La regidora Isela Martínez alzó la voz en sesión de cabildo para advertir que Morena busca meter la mano al cajón municipal mediante la propuesta de Ley General en materia de actualización y armonización catastral y registral inmobiliaria.
IMPOSICIÓN: Dicha propuesta federal fue elaborada sin consultar a los estados ni a los municipios, vulnerando el principio constitucional de que cada demarcación debe tener la libre administración de su propia hacienda pública.
RECURSOS: El impuesto predial representa la principal fuente de ingresos para mejorar los servicios públicos, por lo que resulta inadmisible que, ante la falta de apoyos federales, ahora pretendan arrebatarles lo que con tanto esfuerzo les cuesta recaudar.
DEFENSA: Recordando lo consagrado en el artículo 115 constitucional, la edil enfatizó que las facultades sobre la hacienda municipal son intocables y fundamentales para atender de manera directa las necesidades prioritarias de la población.
– LA DOBLE FAZ Y LAS ALIANZAS OSCURAS EN EL PAN CHIHUAHUA
– LA INTROMISIÓN FEDERAL Y LA DEFENSA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
JUSTICIA: La gobernadora Maru Campos fue categórica al afirmar que la actuación del exfiscal César Jáuregui y de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) no se puede perdonar, confirmando que existen carpetas de investigación abiertas tanto en la instancia estatal como en la Fiscalía General de la República (FGR).
REVELACIÓN: En entrevista con el periodista Claudio Ochoa para Latinus, la mandataria reveló que, de no haberse registrado el caso de los agentes estadounidenses, jamás se habría destapado lo que calificó como una auténtica caja de Pandora dentro de la institución, operada por quienes actuaron por la libre y al margen de la autoridad.
DESCONFIANZA: Campos cuestionó severamente la falta de comunicación sobre estos hechos, advirtiendo que la omisión de notificar a la titularidad del Ejecutivo siembra profundas dudas sobre qué otras situaciones irregulares pudieron haberse cometido en el pasado sin su conocimiento, mientras ambas fiscalías se aproximan al cierre de sus indagatorias.
REORGANIZACIÓN: Ante la evidente carencia de orden, disciplina y resultados que imperaba en la dependencia, la gobernadora designó el pasado viernes a Gilberto Loya —quien se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado— como encargado de despacho, apostando por replicar el modelo de reducción de homicidios.
PENDIENTES: La reestructuración institucional en Chihuahua todavía exige poner orden al interior de la Agencia Estatal de Investigación, especialmente en inteligencia y operaciones estratégicas, además de consolidar una coordinación más estrecha y firme con la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno Federal.
INCONSISTENCIA: En la política chihuahuense, la coherencia suele ser el primer bien de consumo que se deprecia, siendo el caso de Rafael Loera uno de los más emblemáticos al ostentarse como panista de cepa mientras sus movimientos alimentan profundas dudas en la militancia.
CONIVENCIA: Versiones insistentes señalan que Loera ha movilizado su estructura para engrosar los eventos de Cruz Pérez Cuéllar —alcalde con licencia y coordinador de Morena— con el aparente objetivo de hacerle el caldo gordo a Sahir Rentería, un empresario estrechamente ligado al proyecto morenista desde diciembre pasado.
TRANSPARENCIA: Este contubernio cruza hacia el terreno institucional al cuestionarse las posibles operaciones comerciales entre la cadena Ferreterías Rewo y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común durante la gestión de Loera, exigiendo una revisión exhaustiva de contratos y proveedores.
PRAGMATISMO: Las aguas agitadas del blanquiazul también revelan un entendimiento entre Rafael Loera y César Jáuregui, cuya estrategia busca incidir en la vida interna del partido ya sea mediante una disputa por el control o un desgaste que debilite a la estructura.
DISYUNTIVA: Competir democráticamente es legítimo, pero utilizar la institucionalidad partidista para intereses de facción y coquetear con Morena mientras se exige espacio en Acción Nacional obliga a la militancia a exigir cuentas claras sobre quiénes juegan para el partido y quiénes para su conveniencia personal.
AUTONOMÍA: La regidora Isela Martínez alzó la voz en sesión de cabildo para advertir que Morena busca meter la mano al cajón municipal mediante la propuesta de Ley General en materia de actualización y armonización catastral y registral inmobiliaria.
IMPOSICIÓN: Dicha propuesta federal fue elaborada sin consultar a los estados ni a los municipios, vulnerando el principio constitucional de que cada demarcación debe tener la libre administración de su propia hacienda pública.
RECURSOS: El impuesto predial representa la principal fuente de ingresos para mejorar los servicios públicos, por lo que resulta inadmisible que, ante la falta de apoyos federales, ahora pretendan arrebatarles lo que con tanto esfuerzo les cuesta recaudar.
DEFENSA: Recordando lo consagrado en el artículo 115 constitucional, la edil enfatizó que las facultades sobre la hacienda municipal son intocables y fundamentales para atender de manera directa las necesidades prioritarias de la población.