RESPUESTA.– La gobernadora Maru Campos advirtió que la nueva Ley del Agua permanece en la Cámara de Diputados y que perjudicaría a todo Chihuahua, incluida Ciudad Juárez; pidió a los legisladores de Morena abstenerse y votar en contra. Señaló que la normativa afectaría el abastecimiento hídrico y la actividad económica en todo el estado, por lo que exigió una postura clara por parte de los diputados.

CONVOY.– Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal amurallaron la FGE Zona Centro tras el enfrentamiento en El Pueblito, Aldama, para resguardar a tres detenidos. Ayer, al mediodía, un fuerte convoy integrado por agentes federales y estatales arribó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Centro, ubicadas en avenida Teófilo Borunda y calle 25ª.

TRASLADO.– El operativo correspondió al resguardo de tres sujetos detenidos durante la mañana tras el enfrentamiento armado registrado en la comunidad de El Pueblito, municipio de Aldama. Se presume que, durante el choque entre integrantes de la banda de Los Cabrera, resultó herido un líder criminal que fue trasladado y resguardado en el Hospital Central.

LEY.– Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, advirtió que el campo mexicano podría enfrentar la peor crisis en décadas si se aprueba la Ley de Aguas en los términos actuales.

CERTIDUMBRE.– “Lo que han hecho los legisladores del oficialismo es un intento de engaño a los productores de todo el país; siguen impulsando la centralización de decisiones en materia hídrica, mantienen trámites burocráticos que restan certidumbre a la transmisión de derechos y continúan criminalizando a los productores. Ninguna de las modificaciones elimina el objetivo de convertir el agua en una herramienta de control político”, puntualizó.

DEMANDAS.– Medina aseguró que los agricultores del país “no son tontos”, como —dijo— pretende insinuar Morena con su intento de engaño. Alertó sobre un posible estallido social derivado de una ley construida sin escuchar a los productores y, por el contrario, ignorando sus demandas.

SECTOR.– Subrayó que las consecuencias no solo impactarían al sector agrícola, sino que también pondrían en riesgo la soberanía alimentaria, la economía nacional y la estabilidad democrática. Hizo un llamado a los diputados de Morena, especialmente a los que representan a Chihuahua, para que voten en contra de la iniciativa.

CONTROL POLICIAL.– El fiscal Anticorrupción del Estado, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) intenta atraer, “vía control policial”, una carpeta de investigación integrada en Chihuahua, pese a que —subrayó— se trata de recursos plenamente estatales y, por tanto, competencia exclusiva del fuero local.

CASO.– De acuerdo con el fiscal, este intento se sustenta en un acuerdo promovido ante el juez federal Antonio Atroverde, en Chihuahua. Sin embargo, afirmó que la Fiscalía Anticorrupción obtuvo una suspensión provisional y luego una suspensión definitiva, lo que impide por ahora el traslado del caso a la Federación.

INVESTIGACIONES.– Valenzuela Holguín sostuvo que la institución que encabeza defenderá la carpeta “hasta las últimas consecuencias”, al advertir que no permitirán que la FGR la atraiga “para que pase lo mismo que ha ocurrido con otras carpetas”, en referencia a expedientes previos en los que —según dijo— el cambio de jurisdicción generó retrasos y afectaciones en la procuración de justicia.

PROCESO.– El fiscal ejemplificó lo anterior con un caso de tortura en el que el traslado del expediente a autoridades federales, aseguró, alteró el curso del proceso y debilitó los avances logrados por las instancias locales. Por ello insistió en que los asuntos derivados de recursos estatales deben permanecer bajo investigación del estado para evitar opacidad y preservar resultados.

TENSIONES.– La denuncia del fiscal ocurre en un contexto en el que diversas instituciones locales han manifestado preocupación por intentos de atracción de casos emblemáticos, lo que ha generado tensiones entre autoridades estatales y federales respecto a competencias y autonomía en materia penal.