Redacción por Mtro Armando Garay.

Hay una pregunta que el gobierno federal no quiere responder: ¿por qué se investiga a quienes combaten al narco y se protege a quienes lo abrazan?

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos contra el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, señalándolo de colaborar con el Cártel de Sinaloa para proteger operaciones de narcotráfico y recibir sobornos. La respuesta del gobierno federal fue exigir “pruebas contundentes”. Poco después, la Guardia Nacional fue desplegada para proteger personalmente a Rocha Moya, ya sin fuero tras pedir licencia. El Estado mexicano, en resumen, escoltó al presunto narcogobernador.

El caso de Tamaulipas añade otra capa al entramado: Américo Villarreal fue operador politico delegado de Morena en la campaña de Rocha Moya, y sobre él pesan versiones de haber recibido financiamiento ilícito proveniente de Sinaloa durante su contienda electoral. La DEA documentó transferencias millonarias desde cuentas vinculadas a un presunto operador del Cártel del Noreste hacia una cuenta asociada al hijo del gobernador tamaulipeco. El gobierno federal: silencio absoluto.

En Baja California, Marina del Pilar Ávila acumula cuestionamientos sobre opacidad presupuestal y vínculos con grupos de poder oscuros. La federación: también silencio.

El contraste es brutal. Mientras todo eso ocurre, la FGR citó a declarar a cerca de 50 funcionarios chihuahuenses por haber participado en un operativo que desmanteló un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA que colaboraban con la fiscalía estatal. La investigación tiene como objetivo establecer si el gobierno de Chihuahua tuvo conocimiento de la participación de agentes extranjeros en el operativo antidrogas.

El mensaje es transparente en su cinismo: en Chihuahua, el pecado es combatir al crimen. En Sinaloa, Tamaulipas o Baja California, la complicidad no merece ni una citación.

Como señalan algunos analistas, el gobierno federal parece hoy más enfocado en desestabilizar políticamente a Chihuahua que en garantizar justicia en Sinaloa. Nuestra gobernadora de Chihuahua Maru Campos ha dado golpes reales al crimen organizado en la Sierra Tarahumara. Eso, al parecer, es imperdonable.

La impunidad en México siempre tuvo geografía y color partidista. Lo nuevo, y lo más indignante, es que ya ni se molestan en disimularlo.

Al tiempo.