Gerardo Cortinas Murra


La absurda ‘Reforma Judicial’ promovida, originalmente, por el expresidente López Obrador (a) ‘El Destroyer’, separó la función judicial de la administración del Poder Judicial, a cargo del llamado Órgano de Administración Judicial (OAJ).
En el ámbito local, la Constitución del Estado establece que los integrantes del OAJ se integra con cinco personas designadas de la siguiente manera: Una, por la titular del Poder Ejecutivo del Estado (Minerva Correa Hinojosa); otra, por el Congreso (Judith Ávila Burciaga); y restantes tres, por el Pleno del TSJ (Eduardo Zacarías Gómez Bustamante, Luisa Fernanda Márquez Picard y Karla Esmeralda Reyes Orozco).

Con la creación del OAJ, los magistrados del TSJ no tienen injerencia alguna en el trámite y decisión de los acuerdos que, en su caso, son aprobados por el Pleno del OAJ.
A pesar de que la propia Constitución local establece, de manera expresa, que las resoluciones del OAJ pueden ser impugnadas ante el Pleno del TSJ, “en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado” (LOPJ); sin embargo, la Ley Orgánica no prevé el procedimiento relativo; mucho menos, los sujetos con legitimación para promover impugnaciones en contra de actos arbitrarios del OAJ.

Ahora bien, no debe olvidarse que el caudal de atribuciones que le fueron conferidas al Pleno del OAJ, lo convierten en un ‘Frankenstein Judicial’; dada cuenta que es el órgano administrativo encargado de elaborar no solo el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, sino además, de administrarlo.
Así como también, es quien goza da facultades para designar, cesar, destituir y remover al personal del Poder Judicial.
Al respecto, la LOPJ establece que:

En la integración de los Tribunales Superior, de Disciplina, del Órgano de Administración, de los juzgados y de cualquier cargo dentro del Poder Judicial, se deberá garantizar la paridad de género y privilegiarse que la selección para ocupar cargos judiciales recaiga en personas íntegras e idóneas, que tengan la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas para el cargo, mediante procesos en los que se valoren objetivamente los conocimientos y méritos de las personas aspirantes, fundamentalmente su experiencia y capacidad profesional.

Por desgracia, desde su designación como presidenta del OAJ, Karla Reyes ha otorgado nombramientos -mediante acuerdos provisionales- a personas que no satisfacen los requisitos de idoneidad, sin una valoración objetiva de los méritos de las personas beneficiadas con el cargo.
Ejemplo de ello, son los nombramientos provisionales de personas sin experiencia judicial, como secretarios de sala (penal, civil y/o familiar). Nombramientos provisionales que se prolongan indefinidamente; con la finalidad de evadir (¿dolosamente?) los concursos de oposición para acceder a los diversos cargos de la carrera judicial:

ARTÍCULO 333. La carrera judicial estará integrada por las categorías siguientes:
I.​Secretaría de segunda instancia.
II.​Secretaría de primera instancia y Secretarías Instructoras A y B.
III.​Defensoras y defensores públicos.
IV.​Actuarias y actuarios.
V.​Secretaría Instructora C.
VI.​Secretaría auxiliar.
VII. Encargados de Sala.
VIII. Facilitadores de justicia alternativa
IX.​Supervisores de servicios previos a juicio.


Por otra parte, en la LOPJ se plasma la facultad del Pleno del OAJ de “realizar los nombramientos del personal del Poder Judicial y acordar lo relativo a sus ascensos, licencias, remociones y renuncias, propuestos por las áreas correspondientes”.
Para tal efecto, la Comisión permanente de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos “podrá emitir los nombramientos de manera provisional, mismos que serán ejecutados de manera inmediata y enviados, en un plazo máximo de quince días naturales, al Pleno del Órgano de Administración para su eventual ratificación”.

¿Y quien cree Usted amable lector, que es la titular de esta Comisión?
Ni más ni menos, que la persona designada por la aún titular del Poder Ejecutivo: Minerva Correa Hinojosa.

O sea que, indirectamente, el nuevo personal del Poder Judicial tiene el visto bueno de la gobernadora Maru Campos… Y por supuesto, tanto las destituciones y remociones de funcionarios judiciales, como la readscripción de la magistrada Diana Félix, se dan con la consigna y abierta complacencia de Maru.

Así las cosas, me queda claro que no solo en el INE hay una Guadalupe Taddei: En el Poder Judicial local abundan nombramientos, renuncias y readscripciones por consigna política; y un sinnúmero de contratos ilícitos.

OTRO SI DIGO:
En la próxima colaboración, hablaremos de las contrataciones materiales autorizadas por Karla Reyes.