Ciudad de México, 19 de octubre de 2026. En la Cámara de Diputados comenzó a discutirse una nueva corrección a la reforma judicial de 2024, con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) puedan administrar y ejercer sus propios presupuestos.

El trasfondo constitucional es la reforma de 2024 estableció en el artículo 100 de la Constitución que el OAJ tendría a su cargo la administración del Poder Judicial y la elaboración del presupuesto para incorporarlo al Presupuesto de Egresos.

El proyecto de presupuesto para 2027, enviado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, contempla una erogación de 72 mil millones de pesos para el funcionamiento del Poder Judicial.

La nueva iniciativa busca otorgar autonomía presupuestaria a la Corte y a los tribunales, permitiéndoles realizar contrataciones y atender sus necesidades operativas sin depender del OAJ.

Voces en el Congreso como la del diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que el nuevo modelo requiere precisar competencias para evitar conflictos administrativos.
Por su parte, el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, ya había planteado en septiembre la necesidad de garantizar autonomía presupuestaria, advirtiendo que depender del OAJ podría comprometer la independencia de la Corte.

El problema de la sucesión en la Corte
La discusión se cruza con otro tema pendiente: la sucesión en la presidencia de la SCJN.

La reforma de 2024 dejó una contradicción entre los artículos 94 y 97 constitucionales: uno vincula la presidencia con la votación obtenida en urnas, mientras el otro establece que debe ser elegida por los ministros.

En Diputados se especula con impulsar una nueva reforma constitucional para resolver esta antinomia.

Corral sostuvo que la contradicción no debe quedar en manos de los ministros, sino resolverse desde el Poder Legislativo, proponiendo que el Senado sea la cámara de origen de la modificación.

Conclusión
Los ajustes en discusión buscan fortalecer la independencia del Poder Judicial al otorgarle control sobre sus propios recursos, pero también abren un debate mayor sobre la sucesión en la presidencia de la Corte. En Palacio Nacional y en el Congreso se perfila una operación política de alto nivel para redefinir las reglas del máximo tribunal, en un contexto de tensiones institucionales y presiones económicas.