Ciudad de México. En la conferencia matutina de este viernes, la nueva consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó el estatus del proceso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Detención provisional, no extradición
Alcalde precisó que lo que existe es una solicitud de detención provisional con fines de extradición, no una petición formal de extradición.

“Se requiere anexar elementos de prueba para establecer la urgencia… de acreditarse, la FGR puede presentar a un juez e iniciar un proceso de 60 días para convertirse en orden de extradición”, señaló.

La FGR, a través de la SRE, solicitará pruebas adicionales a las autoridades estadounidenses para definir el futuro del caso.

Chihuahua como antecedente
La presidenta Claudia Sheinbaum vinculó la acusación contra Rocha con el antecedente de Chihuahua, donde dos agentes de la CIA murieron en un operativo encubierto.

“De ahí se rompe el entendimiento que tenemos con Estados Unidos”, dijo.

Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal actúa de la misma forma frente a la gobernadora Maru Campos y frente a Rocha, pero denunció una campaña mediática internacional que busca instalar la narrativa de que la 4T tiene nexos con el narcotráfico.

Defensa de soberanía
La mandataria recalcó que no se protegerá a nadie, pero exigió que las pruebas se presenten conforme a derecho y con respeto a la soberanía mexicana.

“Nunca habían pedido con urgencia la detención de un gobernador. Primero la soberanía y la justicia. Que envíen las pruebas y la Fiscalía mexicana actuará”, afirmó.

Sheinbaum recordó que históricamente Estados Unidos ha intervenido en México y subrayó que ahora ambas naciones deben entenderse “como iguales”.

Comentario editorial
El posicionamiento de Alcalde y Sheinbaum busca ganar tiempo y trasladar la presión al terreno diplomático. La narrativa oficial insiste en que el caso Rocha es parte de una ofensiva política de Washington tras el episodio de Chihuahua. Sin embargo, la exigencia de pruebas contundentes coloca a la FGR en el centro de la tormenta: deberá demostrar que puede procesar un caso de alto perfil sin ceder soberanía, pero también sin dar la impresión de encubrimiento.