El operativo antidrogas realizado entre el 17 y 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, se ha convertido en el epicentro de un escándalo nacional e internacional tras la muerte de cuatro personas: el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, un agente de la misma corporación, y dos ciudadanos estadounidenses, presuntamente agentes de la CIA. Este caso no solo ha expuesto fallas institucionales y inconsistencias en las versiones oficiales, sino que también ha desatado una guerra política en la que figuras como el senador Javier Corral buscan sacar tajada para debilitar a la gobernadora Maru Campos y posicionarse en el tablero electoral.

El 16 de abril, un convoy de la Fiscalía de Chihuahua salió de la capital del estado rumbo a la sierra. Según testimonios recabados, cuatro personas no identificadas, vestidas de civil y con el rostro cubierto, se integraron al grupo. Estas personas, que luego se supo eran agentes estadounidenses, portaban chalecos de la AEI, lo que impidió que fueran reconocidos como extranjeros. El 19 de abril, tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio de metanfetamina, el vehículo en el que viajaban se precipitó a un barranco en un camino de terracería, provocando la muerte de sus ocupantes. Las fotografías del lugar muestran una destrucción total del vehículo, lo que ha generado teorías sobre una posible explosión interna por gasolina, aunque también se han descartado hipótesis como el uso de misiles o drones por falta de evidencia.

Las versiones oficiales han sido cambiantes y contradictorias. Inicialmente, el fiscal César Jáuregui admitió que los agentes estadounidenses participaron activamente en el operativo. Sin embargo, días después, rectificó su declaración, asegurando que los estadounidenses no tuvieron contacto con los militares ni participaron en la planeación o ejecución del operativo, y que simplemente recibieron un “raite” para trasladarse al aeropuerto de Chihuahua. La presidenta Claudia Sheinbaum denunció estas inconsistencias y envió una nota diplomática al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, exigiendo explicaciones, ya que el gobierno federal no tenía conocimiento de la presencia de los agentes. Sheinbaum también admitió que 40 militares de la Sedena sí estuvieron presentes en el operativo, aunque solo en labores de seguridad periférica.

Medios internacionales como Los Ángeles Times y The Washington Post han confirmado que los estadounidenses eran agentes de la CIA y que, en lo que va de 2026, la agencia ha participado en tres operativos en Chihuahua. Esto ha encendido las alertas sobre una posible violación a la soberanía nacional, ya que la Constitución Mexicana prohíbe la intervención de agentes extranjeros sin autorización expresa del gobierno federal. La Fiscalía de Chihuahua ha abierto una Unidad Especializada para investigar el caso, mientras que el Senado de la República ha invitado a la gobernadora Maru Campos a comparecer para aclarar los hechos, aunque legalmente no puede obligarla.

El senador Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y actual miembro de Morena, ha sido uno de los principales críticos del manejo del caso. Corral, quien enfrenta un proceso por desvío de 98.6 millones de pesos durante su gestión (2016-2021), ha aprovechado el escándalo para acusar a Maru Campos de traición a la patria y violación de la soberanía nacional. Su motivación no es solo política, sino también personal: si el PAN gana la gubernatura de Chihuahua en 2027, Corral perdería su fuero y podría ser encarcelado. Por ello, ha buscado desestabilizar a Campos, vinculándola con el crimen organizado y exigiendo transparencia en el caso.

Corral ha usado su influencia mediática para difundir información que polariza el debate. Ha comparado el caso con el del gobernador Rubén Rocha (Sinaloa), quien no tiene visa estadounidense y está vinculado al asesinato de Gabino Cuevas, exdiputado del PRI, en un operativo con autoridades de EU. También ha mencionado a Marina del Pilar (Baja California), otra gobernadora sin visa, para cuestionar la relación de los mandatarios estatales con Estados Unidos. Además, Corral ha promovido a Andrea Chávez como candidata a gobernadora, en lugar de Cruz Pérez Cuéllar, su compadre y rival interno en Morena, con quien mantiene una pugna personal.

El PAN, por su parte, ha cerrado filas con Maru Campos, presentándola como una heroína en la lucha contra el narcotráfico y incluso posicionándola como precandidata a la presidencia en 2030. Esta estrategia busca contrarrestar las acusaciones de Corral y consolidar su liderazgo en el estado. Sin embargo, el componente internacional del caso añade una capa de complejidad: si se confirma que los agentes de la CIA violaron protocolos al operar sin autorización en México, esto podría afectar las relaciones bilaterales y desbalancear el conflicto político interno.

El futuro del caso dependerá de varios factores. La comparecencia de Maru Campos en el Senado, programada para el 29 de abril de 2026, será clave. Si su declaración es inconsistente, podría debilitar su posición y dar munición a sus críticos. Además, la investigación federal podría escalar si se confirma una violación a la soberanía, lo que llevaría a una intervención de la FGR. En el ámbito electoral, el caso podría definir el futuro político de Chihuahua, con Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar como principales contendientes para la gubernatura en 2027. A nivel nacional, Maru Campos podría usar este caso para posicionarse como líder del PAN de cara a las elecciones presidenciales de 2030.