La Comisión Nacional del Agua (Conagua) denunció que una refresquera de gran renombre acumula adeudos millonarios por incumplimientos en el pago de concesiones de agua. El caso salió a la luz durante la conferencia matutina, donde también se señaló al diputado priista Mario Calzada.

Efraín Morales, titular de Conagua, explicó que la empresa cuenta con 18 títulos de concesión con una diferencia de 2 millones 842 mil metros cúbicos de agua que no registran pago alguno. Además, se detectaron 10 títulos sobreexplotados en casi un millón de metros cúbicos y al menos 42 concesiones sin medidor, lo que impide verificar el consumo real.

El adeudo total asciende a 234 millones de pesos, de los cuales la compañía pagó recientemente 52 millones, según Morales. La dependencia mantiene contacto con la empresa para regularizar la situación.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la Ley de Aguas vigente desde 1992 permitió la comercialización del recurso, lo que derivó en múltiples títulos de concesión transmitidos entre empresas para evitar pagos. “En lugar de un solo título, tenían diez, y se transmitían para evadir el pago del agua”, señaló.

Aunque ni Conagua ni la Presidencia revelaron el nombre de la refresquera, argumentaron que el procedimiento sigue abierto. El caso se enmarca en la nueva Ley de Aguas, que busca limitar el acaparamiento y garantizar que el recurso se redistribuya entre quienes realmente lo necesitan.


Comentario
El caso exhibe una de las contradicciones más profundas en la gestión del agua en México: mientras comunidades enteras enfrentan escasez, grandes corporaciones acumulan títulos de concesión y adeudos millonarios sin sanciones inmediatas. La falta de transparencia en revelar el nombre de la empresa genera suspicacias sobre el alcance real de la política de “cero tolerancia” anunciada por el Gobierno. Si bien la nueva Ley de Aguas pretende corregir los abusos del pasado, la credibilidad de las instituciones dependerá de que se apliquen sanciones ejemplares y se garantice que el agua deje de ser tratada como mercancía y se reconozca como un derecho humano.