Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ha sido fuertemente criticado por gastar 81 millones de pesos en viajes y viáticos relacionados con el caso del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo de 2023, que resultó en 40 muertos y 27 heridos.
En 2024, Garduño realizó nueve viajes a Ciudad Juárez, con un costo total de 41 millones 822 mil 26 pesos, incluyendo pasajes aéreos y viáticos para él y su equipo. Además, se gastaron 39 millones 306 mil 792 pesos en traslados y viáticos durante 2023 y parte de 2024.
Estos gastos han generado controversia, ya que se consideran un uso indebido de recursos públicos. En respuesta, Garduño solicitó un cambio de sede para las firmas periódicas relacionadas con el caso, lo que podría reducir los costos futuros.
Los montos, obtenidos vía transparencia, incluyen pasajes aéreos y viáticos para el comisionado y su equipo, con un costo promedio de 4.6 millones de pesos por visita. La Secretaría de Gobernación ha señalado que estos gastos están ligados a las obligaciones legales de Garduño, quien debe presentarse cada 15 días en Ciudad Juárez como parte de las medidas cautelares impuestas tras la ser vinculado a proceso por el ejercicio indebido del servicio público.
El uso de recursos públicos para la defensa de Garduño ha generado críticas de organizaciones civiles y abogados, quienes señalan que estos gastos son cubiertos con dinero de los contribuyentes mientras el funcionario sigue percibiendo su salario.
En noviembre, Garduño logró que la firma periódica se realice en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, lo que reducirá los viajes a Ciudad Juárez. La próxima audiencia está programada para el 6 de marzo de 2025, donde su defensa buscará una solución alterna al proceso penal.
El incendio en la estancia migratoria ocurrió tras una protesta de migrantes detenidos, generando una fuerte condena internacional. Garduño fue vinculado a proceso en abril por no garantizar la seguridad en las instalaciones. Pese a las acusaciones, Garduño no enfrenta prisión preventiva, pero debe cumplir con las firmas periódicas como parte de las medidas cautelares.
La polémica sobre los gastos millonarios en viáticos y la defensa de Garduño pone en el centro del debate el uso de recursos públicos por parte de funcionarios en procesos legales y su responsabilidad ante una tragedia que marcó la política migratoria de México.