Guadalajara, Jalisco. La declaración del cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, puso sobre la mesa un tema que trasciende lo religioso: la imposibilidad de emprender negocios sin enfrentar extorsiones conocidas como cobro de piso. En un país donde la violencia y la inseguridad se han normalizado, la Iglesia Católica decidió visibilizar un problema que, según el prelado, “ya no se puede ocultar”.

El peso de la extorsión en México
En 2025, México registró un incremento del 23.1% en denuncias de extorsión respecto a 2019, con 8,585 víctimas reportadas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Expertos estiman una cifra negra superior al 90%, pues la mayoría de los afectados no denuncia por miedo a represalias.

La Encuesta Pulso de la Tiendita de Barrio 2025 reveló que la inseguridad es el principal obstáculo para el 25% de los pequeños comercios, con pérdidas económicas que superaron los 21 mil millones de pesos hasta septiembre, de acuerdo con la Coparmex.

Jalisco como espejo del problema
En regiones como Jalisco, donde Robles Ortega ejerce su ministerio, el crimen organizado ha extendido su influencia incluso a fiestas patronales y parroquias, imponiendo pagos que alteran rutinas familiares y disuaden inversiones.

La respuesta institucional
En octubre de 2025 se promulgó la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, considerada un avance normativo.

Sin embargo, críticos señalan que su implementación ha sido insuficiente, perpetuando una “impunidad récord” en lo que analistas califican como “seis años perdidos” en combate al delito.

La intervención del cardenal genera debate sobre la separación entre Iglesia y Estado: ¿es un llamado moral legítimo o una incursión política que polariza?

Impacto económico
Las mipymes, que representan el 99% del tejido productivo nacional, son las más afectadas. La extorsión fomenta la informalidad, frena expansiones y eleva costos operativos, impactando directamente el crecimiento del PIB. La Coparmex advirtió un aumento del 5% en extorsiones durante 2025, vinculándolo a la ausencia de principios éticos en la política y a un Estado incapaz de responder a las necesidades ciudadanas.

Comentario editorial
El cardenal habla de extorsión y el país se sorprende… como si fuera novedad. La ironía es brutal: mientras el gobierno presume leyes “históricas” contra la extorsión, los comerciantes siguen pagando cuotas al crimen organizado y hasta las parroquias ajustan sus presupuestos para el “cobro de piso”. México, donde la fe se enfrenta a la factura del crimen.