La Comisión Bicamaral identifica el desplazamiento forzado interno como una “crisis nacional”, impactando sobre todo a comunidades y pueblos indígenas. La legislación fue inicialmente aprobada por la Cámara de Diputados en 2020 y posteriormente enviada al Senado, donde ha sido retenida por las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos sin emitir un dictamen para su votación en el pleno.
El fenómeno del desplazamiento forzado afecta a miles en el país, especialmente en áreas asediadas por la violencia de grupos criminales y organizaciones delictivas. Esto se documenta en el estudio “Desterrados por el narco, el invisible desplazamiento forzado interno en México”, realizado por Proceso y Connectas, que incluye relatos de afectados en seis estados: Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Chiapas. En 2023, se contabilizaron al menos 40 incidentes de desplazamiento, la mayoría vinculados a la violencia, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Tras la publicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un informe sobre la situación del desplazamiento forzado en México, compromiso aún pendiente por parte de él y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
En marzo reciente, la Cocopa, presidida por el diputado de Morena Alfredo Torres Hernández, propuso que el Instituto de la Defensoría Pública Federal (IFDP) ejerza su autoridad para promover los litigios estratégicos necesarios para avanzar la ley, replicando acciones previas en Guerrero.
De acuerdo con un reporte del IFDP (2022-2023), en septiembre de 2022 se gestionó un amparo indirecto contra la omisión de la gobernadora Evelyn Salgado y el director general de Derechos Humanos de Guerrero para promulgar el reglamento de la ley estatal sobre desplazamiento forzado. Dicho amparo fue otorgado el 18 de mayo de 2023.
En enero de 2023, se presentaron dos amparos indirectos por la falta de respuesta a la solicitud de inclusión del desplazamiento forzado en el Registro Estatal de Víctimas de Guerrero, ambos con fallos positivos en abril y mayo del mismo año.
Además, el IFDP también ha participado en otro juicio de amparo indirecto en septiembre de 2023 contra la inacción del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el Consejo estatal de atención al desplazamiento interno para emitir el reglamento correspondiente.
Previamente, el IFDP ya había intervenido en casos similares. En agosto de 2022, un juzgado resolvió a favor de víctimas de desplazamiento de la comunidad indígena El Manzano, en Chihuahua, exigiendo al gobierno estatal atención y protección, así como la provisión de alojamiento, alimentación y vivienda.
En Oaxaca, en diciembre de 2022, el IFDP actuó en otro caso relacionado con el desalojo de aproximadamente 42 personas de la comunidad triqui en San Juan de Copala, debido a la violación de sus derechos a la movilidad, residencia, educación, desarrollo familiar, alimentación y vivienda digna, bajo principios de igualdad y no discriminación.
La Comisión Bicamaral subraya que México tiene el deber de adaptar su legislación para asegurar los derechos humanos, en particular de las víctimas de desplazamiento forzado interno, enfocándose en pueblos y comunidades indígenas.
El punto de acuerdo respaldado por miembros de la Comisión Bicamaral de distintos partidos políticos, está pendiente de votación en el pleno y ha sido asignado a la Comisión de Justicia, presidida por la diputada panista Lizbeth Mata Lozano, aunque mayoritariamente integrada por miembros de Morena.