El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró este lunes que el Gobierno de México “no tenía ningún indicio” que vinculara al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya con estructuras criminales, negando que existiera información previa en el gabinete de seguridad sobre la acusación judicial presentada en Nueva York.

Custodia y respaldo institucional: Harfuch confirmó que Rocha mantiene protección de la Guardia Nacional, pese a haber solicitado licencia y perdido el fuero constitucional. Explicó que la medida fue recomendada por el gabinete federal ante el contexto de violencia en el estado.
Además, ratificó el respaldo a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió tras la salida de Rocha.

Refuerzo de seguridad: El funcionario anunció que el Gobierno federal mantendrá presencia permanente en Sinaloa y reforzará el despliegue de fuerzas federales. El plan contempla:

Fortalecer a la policía estatal.

Ampliar las labores de inteligencia.

Coordinar diariamente con autoridades locales para evitar un vacío de poder.

El operativo incluyó el blindaje del Palacio de Gobierno de Culiacán el pasado jueves, ante versiones de un posible movimiento de autoridades estadounidenses o una escalada de violencia.

“El gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses”, afirmó Harfuch.

Estrategia política: La apuesta de Palacio Nacional es ganar tiempo, sostener el control político del estado y blindar a Rocha mientras enfrenta la investigación, evitando que la crisis derive en un descontrol de seguridad en Sinaloa.

Comentario editorial
La declaración de Harfuch busca contener la crisis política y enviar un mensaje de estabilidad: Rocha sigue bajo custodia y el estado bajo control federal. Sin embargo, la contradicción es evidente: mientras Estados Unidos asegura tener pruebas contundentes, el gabinete mexicano insiste en que “no había indicios”. La tensión entre ambas narrativas refleja el dilema de la 4T: defender la soberanía sin perder el control de la seguridad interna.