Ciudad de México. — La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrenta una crisis institucional que mantiene paralizados sus planteles y a más de 61 mil alumnos sin clases. Lo que inició el 20 de octubre de 2026 en la Unidad Iztapalapa como una protesta por el evidente deterioro de las instalaciones y el recorte en servicios básicos, escaló a un paro indefinido en los campus Xochimilco, Azcapotzalco y Cuajimalpa tras revelarse un gasto multimillonario en vehículos de lujo para la alta burocracia universitaria.

La mecha del descontento estalló por completo al hacerse pública la adquisición de una flotilla de automóviles eléctricos marca Tesla destinados a altos funcionarios administrativos, con un costo cercano a los cinco millones de pesos. Mientras la comunidad estudiantil denuncia la falta de becas de manutención, la carencia de insumos en laboratorios, la cancelación de prácticas de campo y la deficiencia en comedores universitarios, la rectoría justificó la compra calificándola como “una estrategia de transición energética e innovación sustentable”.

La explicación oficial no hizo sino encender los ánimos del alumnado y del personal docente. Asambleas estudiantiles acusaron a la administración central de priorizar lujos institucionales por encima de las necesidades pedagógicas y operativas más elementales.

“Hablan de sustentabilidad cuando las aulas se caen a pedazos, no hay reactivos para investigar y miles de compañeros perdieron sus apoyos económicos. La austeridad solo aplica para los estudiantes”, señalaron voceros del movimiento durante el cierre de las instalaciones directivas.

A 16 días de iniciadas las protestas, las mesas de diálogo permanecen estancadas. Los pliegos petitorios exigen no solo la revocación y venta de la flotilla de lujo para redirigir esos recursos a becas e infraestructura, sino también una auditoría externa a los ejercicios presupuestales de la institución para transparentar las licitaciones y asignaciones directas de la rectoría.

Comentario crítico
La compra de vehículos de alta gama en una universidad pública en medio de carencias estudiantiles sistemáticas representa una desconexión ética inaceptable por parte de las autoridades. Argumentar “transición energética” para justificar el uso discrecional de los recursos públicos no es innovación, sino una muestra de insensibilidad burocrática. La UAM debe replantear de inmediato sus prioridades presupuestales; la excelencia académica y el bienestar de sus 61 mil alumnos siempre deben estar por encima de los privilegios institucionales.