La ofensiva de Washington contra las redes del Cártel de Sinaloa sigue ampliando su alcance. En esta ocasión, dos exfuncionarios mexicanos fueron señalados por vínculos con la facción de Los Mayos, liderada por El Mayito Flaco: Pedro Ariel Mendívil García y Rafael Buenrostro Martín.

Pedro Ariel Mendívil García
Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, fue sancionado por mantener una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, líder de Los Rusos, brazo armado de Los Mayos.

Según autoridades estadounidenses, recibió sobornos para garantizar el control del cártel sobre la policía municipal.

Se le acusa de facilitar actividades de narcotráfico y represión.

También fue vinculado con Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, señalado de recibir pagos mensuales para permitir operaciones del cártel en Baja California.

Mendívil fue detenido en julio por desaparición forzada y asociación delictuosa, pero liberado por falta de pruebas.

Rafael Buenrostro Martín
Originario de Mexicali, se desempeñó como funcionario de aduanas en Ciudad Juárez y asesor legislativo en Baja California.

Es identificado como cercano a Carlos Torres y amigo de José Ángel Rivera Zazueta, “Don Flaco”, detenido en la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue sancionado por proporcionar favores políticos e influencia para impulsar las actividades delictivas de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.

El Departamento del Tesoro también sancionó empresas vinculadas a ambos:

Grupo Gasolinero Nueva Esperanza (Mendívil).

Publicidad e Imagen Integral ENLA-C (Buenrostro).

En el mismo paquete de sanciones apareció Ismael Zambada Sicairos, ciudadano estadounidense nacido en California en 1982, quien intentó ocultar sus vínculos con el cártel cambiando su nombre a Fernando Sicairos Aispuro en 2001.

Mientras tanto, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, descartó que “Don Flaco” tuviera nexos con políticos mexicanos, señalando que su búsqueda se centraba en el tráfico de precursores químicos.

Conclusión
Las sanciones contra Mendívil y Buenrostro muestran cómo Estados Unidos apunta no solo a los líderes visibles del narcotráfico, sino también a los operadores políticos y financieros que facilitan su expansión. El caso expone la fragilidad institucional en estados fronterizos como Baja California y Chihuahua, donde las alianzas entre funcionarios y cárteles han sido históricamente un punto de quiebre.