Ciudad de México, 29 de octubre de 2026. La renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un proceso inédito: la Cámara de Diputados prepara una convocatoria exclusiva para mujeres con el fin de designar a su sucesora. El procedimiento, confirmado por Ricardo Monreal, establece que la elección se realizará entre el 6 y 7 de diciembre, en pleno arranque del proceso electoral 2026-2027.

El mecanismo de selección es el proyecto de acuerdo contempla la integración de un Comité Técnico de Evaluación con cinco integrantes: tres designados por la Jucopo y dos por la CNDH. Este comité revisará requisitos legales, evaluará conocimientos, analizará trayectorias y entrevistará a las aspirantes. De ahí surgirá una quinteta de finalistas.

La Jucopo deberá construir consensos para presentar una candidatura al Pleno de la Cámara. La designación requiere mayoría calificada, es decir, el voto de dos tercios de los diputados presentes. Si no se logra, se prevé un sorteo entre las cinco finalistas; de persistir el bloqueo, la lista se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realice la insaculación.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en que la nueva presidencia recaiga en un perfil externo al INE, con trayectoria irreprochable, y pidió detener los cabildeos internos. Mientras tanto, Blanca Yassahara Cruz funge como presidenta interina.

En paralelo, la Jucopo acordó que el titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente, comparezca ante diputados para informar sobre las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Taddei.

Facultades extraordinarias y debate institucional
La oposición y el oficialismo han abierto un entendimiento para revisar las facultades extraordinarias que la reforma electoral de 2024 otorgó a la presidencia del INE. El artículo 45 de la LGIPE amplió las atribuciones del titular, permitiéndole tomar decisiones sin rendir cuentas a los otros diez consejeros. Sin embargo, la Constitución prohíbe modificar leyes electorales una vez iniciado el proceso, por lo que cualquier ajuste deberá esperar.

Comentario
La sucesión en el INE no es solo un trámite administrativo: es un reto de credibilidad institucional en medio de un proceso electoral que renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. El perfil que resulte electo deberá garantizar imparcialidad, transparencia y confianza ciudadana en un momento en que la legitimidad del árbitro electoral está bajo escrutinio.