En el Congreso mexicano avanza una de las reformas más polémicas de la administración de Claudia Sheinbaum: el recorte de las llamadas pensiones doradas, jubilaciones que en algunos casos alcanzan hasta el millón de pesos mensuales. La iniciativa, ya aprobada en el Senado, busca reducir hasta en un 50% estos beneficios que han sido símbolo de desigualdad y privilegio dentro del aparato estatal.

El proyecto apunta directamente contra funcionarios del Poder Judicial, organismos autónomos y empresas estatales como Pemex o la CFE. Sin embargo, fuentes del Palacio Nacional reconocen que la presidenta analiza excluir a las Fuerzas Armadas de esta medida. La razón: el creciente poder e influencia de los generales dentro del gabinete y su papel central en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado.

La discusión se intensifica porque instituciones como la UNAM y el Banco de México —que sí verían recortadas sus pensiones— presionan para evitar un trato preferencial hacia los militares. El contraste es evidente: mientras se castiga a organismos civiles, se protege a un cuerpo históricamente alejado del discurso de Morena, pero hoy convertido en aliado estratégico.

El trasfondo es complejo. Tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que murieron 28 soldados, el gobierno busca reconocer a las Fuerzas Armadas con beneficios económicos y simbólicos. A ello se suma la negociación en Washington para que Mexicana de Aviación, ahora bajo control militar, pueda operar vuelos hacia Estados Unidos, en un intento de revitalizar la aerolínea antes del Mundial de Fútbol.

La medida, de concretarse, consolidaría un patrón iniciado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador: otorgar a los militares no solo funciones de seguridad, sino también privilegios económicos y control de sectores estratégicos.


Comentario
Las pensiones doradas se recortan… pero no para todos. Porque en México, la austeridad es como el uniforme militar: se viste cuando conviene, se guarda cuando incomoda. Y mientras la UNAM y Banxico hacen cuentas, los generales cuentan privilegios. Al final, parece que la reforma no busca igualdad, sino confirmar que en el país de los privilegios, algunos son más dorados que otros.