Monterrey, Nuevo León. En una gira por la entidad, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, lanzó un diagnóstico severo sobre la situación política y judicial de Nuevo León. Durante una conferencia con litigantes en la Casa de los Saberes Jurídicos, Batres afirmó que el estado enfrenta un nivel de ingobernabilidad sin precedentes, reflejado en el número de controversias constitucionales presentadas.

El foco de las controversias
Batres señaló que actualmente existen 20 controversias constitucionales en curso, todas originadas en Nuevo León, lo que convierte a la entidad en la más conflictiva del país en términos de relación entre poderes.

“No hay ningún otro Estado que tenga tantas controversias constitucionales. Es una ruta indeseable de relación entre dos poderes”, expresó la ministra.

La ministra explicó que muchas de estas controversias podrían resolverse en el ámbito local, pero advirtió que de no hacerlo, las consecuencias políticas podrían ser “muy explosivas”.

Reforma judicial pendiente
Otro punto crítico señalado por Batres es que Nuevo León es el único estado que no ha legislado la reforma judicial. Recordó que la Constitución obliga a que en 2027 se realice la elección judicial, pero el Congreso local no ha previsto ni siquiera los mecanismos para cumplir con esa obligación.

“En este momento ya incumple constitucionalmente de manera absoluta”, enfatizó.

Contexto político
La visita de Batres se da en medio de un ambiente de confrontación entre el Ejecutivo estatal y el Congreso local, que ha derivado en bloqueos legislativos, parálisis institucional y disputas por nombramientos clave. Su presencia en Monterrey fue impulsada por litigantes cercanos a la 4T, lo que refuerza la lectura política de su gira.

Comentario Editorial
Nuevo León parece haber inventado un nuevo deporte extremo: la controversia constitucional. Mientras otros estados legislan, aquí se coleccionan pleitos como estampitas. Y lo más irónico: la ministra Batres viaja para recordarles que tienen que cumplir con la Constitución… como si fuera tarea olvidada en el cajón del Congreso. En este escenario, la “indeseable relación política” suena más a reality show que a ejercicio democrático.