Por: Redacción
En una reciente emisión del programa Ciudad 2.0, el analista político Alberto Hernández abordó la controversia en torno a la reforma del Poder Judicial promovida por el Ejecutivo. El debate se centró en la percepción de un intento del gobierno de controlar la independencia judicial, una preocupación que no es nueva en la historia política de México.
Hernández recordó un hecho histórico significativo: la maniobra del expresidente Ernesto Zedillo en 1995, quien promovió la renuncia anticipada de los 26 ministros de la Suprema Corte para reemplazarlos con figuras afines, bajo el pretexto de mejorar la justicia. Según Hernández, esta estrategia tuvo un trasfondo político más que judicial, similar a lo que se observa en la actualidad.
Ana Laura Magaloni, en su texto «La trama Saldívar» publicado en la revista Nexos, argumenta que la reforma propuesta no busca mejorar el sistema judicial, sino debilitar su autonomía. Según Magaloni, el verdadero objetivo es asegurar que la élite en el poder, ya sea dentro o fuera del gobierno, no enfrente consecuencias legales. Este argumento se presenta en un contexto donde el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha sido criticado por su acercamiento a la derecha y su falta de acción contra la corrupción.
Hernández mencionó que Zaldívar está bajo investigación por presuntas irregularidades durante su gestión entre 2019 y 2022, lo que incluye acusaciones de enriquecimiento ilícito y corrupción. Este contexto refuerza las dudas sobre la motivación detrás de la reforma judicial.
El debate sobre la reforma también se ha visto reflejado en diversas comparecencias. Por un lado, la ministra Lenia Batres destacó las deficiencias del sistema judicial actual, calificándolo de clasista, misógino y corrupto, y abogó por una justicia más accesible y justa para el pueblo. Por otro lado, se plantea la preocupación de que la elección democrática de los jueces podría depender de intereses económicos y no necesariamente de la idoneidad de los candidatos.
Dante Delgado, líder del partido Movimiento Ciudadano, expresó su apoyo cauteloso a la reforma, calificándola como un posible error histórico. Julián Rementería, del PAN, criticó la falta de correspondencia entre las necesidades de justicia rápida y eficiente y las propuestas de reforma.
Hernández subrayó que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca consolidar un control político totalitario, una ambición que ni siquiera el PRI en sus tiempos más fuertes habría soñado. Esta reforma, según Hernández, pone en riesgo el principio republicano de la división de poderes en México.
La semana pasada surgió una nueva amenaza que podría complicar aún más el escenario: los trabajadores del Poder Judicial han advertido sobre una posible huelga indefinida, mientras que los agentes del Ministerio Público y jueces han amenazado con renunciar en masa. Estas acciones podrían provocar una crisis institucional significativa, presionando a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en una encrucijada entre las demandas del presidente y la estabilidad del sistema judicial.
La situación seguirá evolucionando en los próximos días, con todos los ojos puestos en los desarrollos y las decisiones que se tomen en este tenso ambiente político.
Fuente: Debate en el programa Ciudad 2.0.