A días de cerrar el año nuevo, Petróleos Mexicanos (Pemex) movió las aguas al anunciar la ocupación de la planta de hidrógeno ubicada en la refinería de Tula, Hidalgo.Esta acción, a todas luces una expropiación, prendió alertas al mercado, pero deja complacido al sindicato petrolero, que por años ha peleado el control de la planta.

En ese sentido, esta acción no es del todo una sorpresa, pues Pemex ya tenía un par de años haciendo ofertas a la firma francesa Air Liquide, que era propietaria de la planta, pero sin llegar a buen puerto.
Por lo tanto, el 29 de diciembre, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en el que se declaró que el suministro de hidrógeno es «de interés público», por lo que las instalaciones fueron ocupadas de manera inmediata.

En 2017, Air Liquide adquirió la planta bajo el argumento de que Pemex ya no tenía recursos para su mantenimiento y para abastecer la demanda.

Ahora, el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) argumenta que el suministro por terceros de hidrógeno «pone en riesgo la producción de gasolina y diésel». También señaló que no se ve económicamente viable para la petrolera.

En opinión de Gonzalo Monroy, analista del sector energético, esta operación se trata, en el fondo, de un interés por parte del gobierno con quererse «congraciar y darle un buen gesto» al sindicato de Pemex, que nunca estuvo de acuerdo con que Air Liquide tomara control de la planta.

Vale recordar que de momento el sindicato no ha dado muestras de un apoyo claro a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, luego de que saliera de la contienda Adán Augusto López, a quien abiertamente apoyaban.

Conclusión
Para Monroy, esta operación es problemática por varios frentes. Por un lado, avizora una batalla legal por el monto a pagarle a Air Liquide.
En ese sentido, el anuncio del gobierno sobre la operación dejó varias interrogantes, como lo es cuánto duraría la ocupación ni cómo se compensaría a la empresa francesa. Algunos cálculos señalan que actualmente el contrato, contemplado para 15 años, ronda los 220 millones de dólares.

La operación también se entiende en un contexto en que el gobierno alista la entrada de coquizadoras en las refinerías para aumentar su operatividad, que de momento viene muy rezagada, por debajo del 50%. Sin embargo, Monroy señala que este será otro eje problemático ante la falta de elementos dentro de Pemex para operar este tipo de plantas.

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