El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha decidido apartarse temporalmente del cargo en medio de acusaciones que lo colocan en el epicentro de la crisis política más delicada de los últimos años. La licencia, presentada el 1 de mayo ante el Congreso estatal, busca facilitar las investigaciones y evitar que el proceso judicial se convierta en un lastre para la gobernabilidad.

Las imputaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos son graves: presuntos vínculos con “Los Chapitos” y participación en el tráfico de drogas y armas. Rocha Moya rechaza categóricamente los señalamientos, asegura tener la conciencia tranquila y se dice respaldado por una vida de trabajo.

El caso no solo sacude a Sinaloa, sino que coloca al gobierno federal en una posición incómoda frente a Washington. La SRE ya confirmó solicitudes de extradición, lo que intensifica la presión diplomática.

La política mexicana enfrenta así un dilema: preservar la gobernabilidad o asumir el costo de una crisis que amenaza con extenderse más allá de las fronteras.

“Cuando el poder se suspende, la incertidumbre toma el mando.”