Reforma judicial: los costos que inquietan a Palacio Nacional

Ciudad de México. La reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum comienza a mostrar grietas que preocupan tanto en el ámbito político como económico. En Palacio Nacional se multiplican las conversaciones sobre sus consecuencias, especialmente tras casos de alto impacto que exhiben irregularidades y tratos diferenciados en el sistema de justicia.

Casos emblemáticos
• Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, pasó de ser fotografiado en un restaurante de lujo con brazalete electrónico a regresar a prisión, aunque hoy vive en un departamento en Palmas y se le ha visto viajar.
• Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul, con 80 años de edad, permanece en el penal de Altiplano sin medidas cautelares, pese a que también fue buscado por Interpol, lo que evidencia un trato desigual frente a Lozoya.
• John Urich, miembro de la familia propietaria de la empresa de útiles escolares Baco, enfrenta prisión preventiva tras un litigio iniciado por su hermano Edgar. El caso involucra al auditor Eduardo Nyssen, señalado por el SAT y acusado de firmar estados financieros con presuntas alteraciones que habrían permitido despojos patrimoniales y transferencias a cuentas en el extranjero.

Impacto económico y político
En reuniones con empresarios y banqueros, se advierte que la reforma judicial se ha convertido en un obstáculo para atraer inversión, especialmente en Pemex, donde los intentos de asociación con privados han fracasado salvo con Carlos Slim, considerado cercano al oficialismo.

La presión internacional, particularmente de Estados Unidos, también se hace sentir, mientras Sheinbaum invirtió capital político para sostener la reforma en medio de críticas por escándalos menores, como el de las camionetas y las togas de ministros.

Comentario
La reforma judicial prometía transparencia y confianza, pero entre Lozoya viajando con brazalete, Billy Álvarez envejeciendo en prisión y los Urich peleando dividendos con auditor de lujo, parece más bien un reality show jurídico. Al final, la justicia mexicana no necesita Netflix… ya tiene suficiente drama propio.