Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua exhibe las declaraciones patrimoniales 2024-2025 de la mandataria y exige investigación sobre posible conflicto de interés, en medio del escándalo de la “Casa Dorada” y el remate de viviendas de Pensiones Civiles

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, acusó este miércoles a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de dedicarse al negocio inmobiliario en lugar de atender las necesidades de la entidad, al revelar que, de acuerdo con sus propias declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025, la mandataria posee el 98 por ciento de las acciones de la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua SAS de CV.

Durante la conferencia de prensa matutina del Grupo Parlamentario de Morena, Estrada Sotelo señaló que la participación accionaria de Campos Galván en la inmobiliaria aparece registrada a partir de 2024, cuando la gobernadora ya llevaba tres años en el cargo —asumió en 2021—, lo que, a su juicio, representa un posible conflicto de interés con sus responsabilidades como titular del Ejecutivo estatal.

“Con un gran cinismo actúa y declara la gobernadora Maru Campos… y cuando revisamos sus declaraciones y su actividad empresarial, advertimos que es ella quien se dedica al ramo inmobiliario”, expresó el legislador morenista. “Ahora entendemos por qué no hay gobierno en el estado de Chihuahua. La gobernadora se dedica a hacer negocios, a vender inmuebles”.

El diputado subrayó que la información es de dominio público y se sustenta en las declaraciones patrimoniales presentadas por la propia gobernadora, por lo que consideró que el tema debe analizarse desde una perspectiva de transparencia y rendición de cuentas. No obstante, aclaró que, por el momento, no cuentan con elementos para asegurar que exista una irregularidad, pero insistió en la necesidad de investigar.

La revelación de Estrada Sotelo se da en medio de un escándalo más amplio que involucra a la gobernadora panista. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ya se pronunció el martes sobre el caso y pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise las finanzas y el patrimonio de Campos Galván, luego de que una investigación periodística revelara que la empresa de la gobernadora habría recibido contratos de su propio gobierno y que la mandataria es propietaria de una residencia de lujo conocida como la “Mansión Dorada” o “Casa Dorada”.

“Que se revise, quizá la Auditoría Superior de la Federación… a menos que alguien ponga una denuncia en la Fiscalía y se investigaría desde otra perspectiva, pero lo primero es la revisión administrativa”, señaló Sheinbaum. La mandataria federal precisó que una investigación penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) procedería únicamente si se presenta una denuncia formal.

Estrada Sotelo vinculó el caso de la gobernadora con las recientes acusaciones que ella misma ha formulado contra dirigentes de Morena. Campos Galván señaló públicamente a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y a la senadora Andrea Chávez Treviño, por una presunta venta de terrenos en la Sierra Tarahumara.

El coordinador morenista calificó esas acusaciones como falsas y contradictorias. “¿Cómo alguien sin ningún elemento sale y acusa de venta de inmuebles en la sierra de Chihuahua y teniendo la titularidad del Ejecutivo en Chihuahua tienes esto en tu propia declaración?”, cuestionó, en referencia a la participación del 98% en la inmobiliaria. Defendió a Montiel Reyes, de quien dijo tener “plena fe” de que no participa en el mercado inmobiliario, mientras que en el caso de Chávez Treviño afirmó no tener conocimiento de que tenga algún negocio del ramo.

Otro de los señalamientos del diputado morenista fue el remate de fraccionamientos de Pensiones Civiles del Estado en los municipios de Cuauhtémoc, Parral y Delicias. Estrada Sotela denunció que hace 15 días se remató un paquete de aproximadamente 167 viviendas en Cuauhtémoc por 45 millones de pesos, las cuales —dijo— debieron destinarse a familias sin acceso a una vivienda.

El legislador exigió saber qué empresa adquirió esos inmuebles y cuál es su historial, así como su posible relación con el gobierno estatal. “Hay que ver qué empresa lo compró. Hay que ver el historial de esa empresa, a lo mejor con algunos gobernantes. A ver si ha recibido, no sé, alguna donación de terreno de algún gobernante. Hay que investigarlo”, afirmó.

Estrada Sotelo insistió en que el remate de estos fraccionamientos de interés social es indebido, pues no corresponde al objeto social de la Comisión Estatal de Vivienda, y advirtió que se estaría vulnerando el derecho fundamental a la vivienda de las familias chihuahuenses.