Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El senador chihuahuense Mario Vázquez endureció su postura frente al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar una presunta omisión del Gobierno federal ante los señalamientos provenientes de Estados Unidos por posibles vínculos con el crimen organizado, y al mismo tiempo advertir que el país enfrenta un escenario que calificó como una “narcocracia”.

El legislador panista cuestionó que, pese a la relevancia y gravedad de las acusaciones, no se ha observado una respuesta clara y firme por parte de las autoridades federales mexicanas. En particular, hizo énfasis en la falta de acciones visibles en torno a la detención provisional con fines de extradición, una figura jurídica contemplada dentro del tratado de cooperación entre México y Estados Unidos que permitiría avanzar en un eventual proceso judicial internacional.

Ante este panorama, Vázquez informó que desde el Senado de la República se promueve un exhorto dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice el caso y determine la procedencia de iniciar un procedimiento conforme al tratado de extradición vigente entre ambos países. Señaló que este tipo de mecanismos no deben quedar sujetos a criterios políticos, sino atenderse bajo un estricto apego al marco legal.

El senador insistió en que la actuación de las autoridades mexicanas debe ser transparente y oportuna, especialmente cuando existen solicitudes o señalamientos de instancias internacionales, ya que —afirmó— la falta de acción podría interpretarse como un acto de encubrimiento o desinterés institucional frente a un tema de alto impacto nacional.

En otro momento de sus declaraciones, Mario Vázquez elevó el tono del discurso al asegurar que México vive una “narcocracia”, al sostener que el partido en el poder, Morena, presuntamente ha recibido recursos provenientes del crimen organizado. Bajo este argumento, calificó dicha situación como una “traición a la patria”, señalando que se trata de un problema estructural que compromete la legitimidad de las instituciones y el Estado de derecho.

Asimismo, subrayó que estos señalamientos deben ser investigados con seriedad y sin distinciones partidistas, al considerar que la credibilidad del sistema político mexicano depende de la capacidad de las autoridades para actuar con imparcialidad frente a cualquier acusación, sin importar el nivel o el cargo de los involucrados.

El legislador reiteró que el caso de Rubén Rocha Moya no debe minimizarse ni politizarse, sino abordarse con responsabilidad institucional, garantizando tanto el debido proceso como la cooperación internacional. Añadió que el Senado continuará dando seguimiento al tema a través de los mecanismos legales disponibles, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia, particularmente a la FGR, para que actúe con autonomía y firmeza, y evite que casos de esta naturaleza queden sin resolución, lo que —dijo— contribuiría a debilitar aún más la confianza ciudadana en las autoridades.