Washington / Ciudad de México, 14 de octubre de 2026. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones financieras contra cuatro personas físicas y 11 empresas mexicanas acusadas de lavar dinero para el Cártel del Noreste e influir en procesos electorales.

El caso CEGESA
Entre las compañías señaladas se encuentra la constructora mexicana CEGESA, que obtuvo contratos públicos en Nuevo León por 109,963,858 pesos durante la gestión del gobernador Samuel García.

Según OFAC, la firma habría desviado fondos hacia campañas electorales de candidatos respaldados por el Cártel del Noreste.

Los contratos adjudicados incluyen obras de infraestructura urbana y vialidades en Monterrey y municipios metropolitanos.

La reacciones en México
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la Secretaría de Hacienda no registra vínculos entre las empresas sancionadas y el crimen organizado.

“No hay evidencia en los registros financieros nacionales que confirme las acusaciones de Estados Unidos”, señaló la mandataria.

El gobierno mexicano insistió en que las investigaciones deben basarse en pruebas verificables y que colaborará en el intercambio de información con Washington.

Contexto internacional
Las sanciones de OFAC implican:

Congelamiento de activos en territorio estadounidense.
Prohibición de transacciones con ciudadanos y empresas de EE.UU.
Restricciones en el sistema financiero internacional.

Este tipo de medidas se han aplicado previamente contra empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y al CJNG, como parte de la estrategia estadounidense para cortar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales.

Implicaciones políticas y económicas, el señalamiento contra CEGESA genera presión sobre la administración de Nuevo León y abre un debate sobre la transparencia en la adjudicación de contratos públicos.

La narrativa de OFAC sobre desvío de recursos hacia campañas electorales coloca el tema en el centro de la discusión política mexicana.

Expertos advierten que, de confirmarse los vínculos, podría configurarse un caso de financiamiento ilícito de campañas, con repercusiones legales y electorales.

Conclusión
Las sanciones del Tesoro de EE.UU. contra empresas mexicanas marcan un nuevo capítulo en la cooperación bilateral contra el crimen organizado. Mientras Washington apunta a vínculos entre constructoras y el Cártel del Noreste, el gobierno mexicano niega que existan pruebas en sus registros.

El desenlace de este caso será clave para medir la capacidad institucional de ambos países en la lucha contra el lavado de dinero y la infiltración criminal en procesos democráticos.