Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el dictamen para incorporar al Código Penal la cohabitación forzada, una práctica que afecta principalmente a niñas y adolescentes obligadas a vivir en una unión equiparable al matrimonio. El siguiente paso será someter la reforma a consideración del Pleno legislativo.

Durante una rueda de prensa, el diputado Francisco Sánchez Villegas destacó que la propuesta busca sancionar esta conducta y fortalecer las medidas para garantizar a las víctimas justicia, verdad y reparación integral. Expresó que buscará que la reforma obtenga el respaldo unánime de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

En el encuentro estuvo presente Eufrosina Cruz Mendoza, activista y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, quien ha impulsado a nivel nacional el reconocimiento de la cohabitación forzada como delito. La activista explicó que el objetivo es cerrar los vacíos legales que permiten que niñas y adolescentes sean obligadas a vivir con una pareja sin que exista necesariamente un matrimonio formal.

Cruz Mendoza señaló que, aunque desde 2013 el matrimonio infantil está prohibido en los códigos civiles del país, esa prohibición no ha sido suficiente para erradicar las uniones forzadas. Por ello, sostuvo que es necesario establecer consecuencias penales y mecanismos de protección que permitan intervenir ante estas situaciones.

La activista explicó que el término cohabitación forzada permite abarcar distintas formas de unión informal o consuetudinaria, incluidas aquellas que se justifican bajo argumentos de costumbre o tradición. Advirtió que estas prácticas no deben normalizarse, pues pueden vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes y exponerlos a violencia y embarazos a edades tempranas.

También hizo hincapié en que el problema no se limita a comunidades indígenas o rurales, sino que puede presentarse en ciudades donde existen condiciones de desigualdad y vulnerabilidad. En ese contexto, alertó sobre la relación que puede existir entre estas uniones y otras formas de explotación, como la trata de personas y la explotación sexual infantil.

Cruz Mendoza advirtió que la aprobación de una reforma legal representa apenas el comienzo de un trabajo más amplio. Consideró necesario establecer protocolos de actuación para la Fiscalía, definir las responsabilidades de las instituciones de salud y desarrollar mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y municipales.

Entre las medidas que planteó está la creación de consejos municipales para prevenir y atender la cohabitación forzada, con el propósito de detectar los casos desde sus comunidades y coordinar la protección de las víctimas. Mencionó como ejemplo el trabajo iniciado en Playas de Rosarito, Baja California, y señaló que la meta es extender estos mecanismos a más municipios del país.

La activista también subrayó la importancia de que las medidas legales cuenten con presupuesto suficiente para operar, pues la protección de las menores requiere acciones concretas de prevención, atención y recuperación, además de sanciones para quienes promuevan o faciliten estas uniones.

Con la aprobación del dictamen en comisión, Chihuahua avanza en la incorporación de sanciones penales específicas contra la cohabitación forzada. Sin embargo, la reforma todavía deberá ser discutida y votada por el Pleno para completar el proceso legislativo estatal.