Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno de Chihuahua, declaró que la reciente reforma constitucional que redefine aspectos clave del sistema de justicia en el país está generando reacciones tanto a nivel federal como estatal. Esta reforma, afirmó, busca ajustar el sistema de justicia para que responda más eficazmente a las necesidades de los ciudadanos, aunque ha provocado un debate considerable en distintas instancias del poder judicial.
Según De la Peña, las reacciones que se observan a nivel nacional y local reflejan el impacto de esta reforma, que fue aprobada en ambas cámaras legislativas. Entre las consecuencias inmediatas se encuentra una propuesta enviada por el Poder Judicial de Chihuahua que sugiere cambios en los procedimientos y reglas de jubilación para magistrados y jueces en activo.
“Habrá que estudiar a fondo esta propuesta. En este momento desconozco el texto específico que se ha enviado a los diputados, pero cuando se trate de una modificación de tal relevancia, es crucial revisar el contenido antes de emitir una opinión”, afirmó. En contraste, señaló que algunos legisladores locales han expresado opiniones sin haber estudiado detenidamente el texto de la propuesta.
De la Peña destacó que estos cambios en el sistema de justicia no son inusuales, ya que la Constitución de 1917 estableció las bases del actual sistema de impartición de justicia en México y, desde entonces, ha sido sujeto de varias reformas. “No debería sorprendernos que lleguen iniciativas de este tipo; estos cambios se derivan de una evolución continua en el marco constitucional”, agregó.
La reforma constitucional, según De la Peña, está diseñada para mejorar el acceso a la justicia en el país, pero requiere un análisis profundo y responsable de todas las propuestas que se derivan de ella. En este sentido, subrayó la necesidad de un proceso legislativo serio y detallado para garantizar que el impacto de las reformas sea positivo tanto para el sistema judicial como para los ciudadanos que dependen de él.