Chihuahua, 16 de octubre de 2026. De manera extraoficial trascendió que la magistrada Margarita Félix, esposa del exmagistrado Luis Villegas Montes, fue notificada sobre un cambio de adscripción en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. La resolución implica que deberá dejar su sala en la capital del estado para cubrir funciones en Ciudad Juárez.

La reacción inmediata
Fuentes internas del Tribunal señalaron que, tras recibir la notificación, la magistrada optó por atrincherarse en su sala de Chihuahua, sin emitir declaraciones públicas hasta el momento.

Ni ella ni su equipo de trabajo han confirmado si aceptará la modificación.

El hermetismo genera incertidumbre sobre la continuidad de sus funciones en la capital.

Contexto institucional
El cambio de adscripción forma parte de los ajustes internos que realiza el Poder Judicial del estado para cubrir necesidades en distintas salas regionales.

Ciudad Juárez concentra una alta carga de trabajo en materia penal y civil, lo que ha motivado traslados de jueces y magistrados en años recientes.

Sin embargo, la decisión respecto a Félix ha generado debate por su trayectoria y vínculos políticos.

Antecedentes
Luis Villegas Montes, esposo de la magistrada, llegó al cargo de magistrado mediante elección popular, un mecanismo excepcional en el Poder Judicial.
Su paso por el tribunal estuvo marcado por posiciones críticas hacia la administración estatal.
La relación familiar ha colocado a Félix en el foco de atención, especialmente en un contexto de tensiones internas en el Poder Judicial.

Implicaciones
El traslado a Ciudad Juárez podría:

Reconfigurar la dinámica de las salas en la capital.
Generar resistencia entre magistrados que consideran que los cambios de adscripción deben ser consensuados.
Abrir un nuevo capítulo de debate sobre la autonomía judicial y la influencia política en las decisiones administrativas.

Conclusión
La situación de la magistrada Margarita Félix refleja las tensiones internas del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. Mientras se espera una postura oficial, el caso pone de relieve la compleja relación entre decisiones administrativas, trayectorias personales y la percepción pública sobre la independencia judicial en el estado.