Nota y fotos por Silver Juárez Arce

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez, cuestionó la atención que el Gobierno Federal y el Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo han brindado a las familias desplazadas por la violencia en la región serrana, al considerar que el problema continúa sin atenderse de fondo.

Durante una rueda de prensa, el dirigente priista señaló que el desplazamiento forzado que se registra en ese municipio es consecuencia de la falta de acciones para combatir la inseguridad en la zona conocida como el Triángulo Dorado, donde, afirmó, persisten problemas relacionados con la delincuencia organizada.

Domínguez sostuvo que la atención a las personas desplazadas ha recaído, en algunos casos, en legisladores y autoridades estatales, quienes han apoyado con recursos para el traslado y alimentación de las familias afectadas.

Explicó que diputados locales del PRI y otros actores políticos colaboraron para que las personas desplazadas pudieran ser trasladadas a Parral, donde recibieron apoyo por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE).

El dirigente priista también lanzó críticas contra la administración municipal de Guadalupe y Calvo, al asegurar que existen prioridades equivocadas en el manejo de los recursos públicos.

Como ejemplo, mostró un vale de combustible que, aseguró, fue utilizado para apoyar la organización de un evento político relacionado con el programa Sembrando Vida, y cuestionó que, si existen recursos para ese tipo de actividades, no se destinen a atender la situación de las familias desplazadas.

“Si tienen para vales de gasolina para un evento político, ¿por qué no tienen para atender a los desplazados?”, expresó.

Asimismo, indicó que el PRI continuará impulsando las denuncias que, dijo, mantiene presentadas contra la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, al tiempo que hizo un llamado al Gobierno Federal para reforzar la estrategia de seguridad en esa región del estado.

Domínguez afirmó que corresponde a la Guardia Nacional y a las autoridades federales atender los delitos relacionados con el crimen organizado que, aseguró, han provocado el desplazamiento de habitantes en comunidades serranas.

Reiteró que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de las familias afectadas y brindarles la atención necesaria, antes que destinar recursos públicos a actividades de carácter político.