Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Chihuahua, Chih.- La directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), Fernanda Martínez, sostuvo que las investigaciones derivadas del operativo realizado en el municipio de Morelos deben esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, sin importar si las personas involucradas pertenecen al mismo movimiento político que gobierna el estado.

La funcionaria respaldó la postura de la gobernadora Maru Campos de no encubrir posibles irregularidades y señaló que, desde que se tuvo conocimiento de la situación, se tomaron decisiones dentro de la Fiscalía General del Estado, incluida la separación del cargo del entonces fiscal César Jáuregui Moreno.

“Si hay responsabilidad, cada quien debe ser responsable de sus acciones”, expresó Martínez al ser cuestionada sobre las consecuencias políticas del caso y su posible impacto en el gobierno estatal y en el Partido Acción Nacional (PAN).

La directora del Ichijuv consideró que el esclarecimiento de los hechos debe mantenerse por encima de las diferencias partidistas y sostuvo que los servidores públicos tienen la obligación de actuar conforme a sus responsabilidades, incluso cuando las investigaciones involucran a integrantes de su propio grupo político.

Sobre las versiones que señalan que las acciones de la gobernadora podrían responder a una estrategia para influir en la disputa política interna, Martínez cuestionó a quienes promueven esa interpretación. Afirmó que, desde su perspectiva, algunas de esas voces están vinculadas al proyecto político del exfiscal.

La funcionaria también criticó que el caso se interprete únicamente desde la competencia por posiciones políticas y llamó a quienes ocupan cargos públicos a concentrarse en entregar resultados a la ciudadanía.

En sus declaraciones, sostuvo que debe distinguirse entre las aspiraciones políticas personales y la necesidad de esclarecer una investigación relacionada con decisiones tomadas durante el operativo en Morelos. Asimismo, señaló que, según su postura, las actuaciones del entonces fiscal se realizaron sin la aprobación ni el conocimiento de la gobernadora, situación que habría contribuido al conflicto con el Gobierno federal.

El caso se originó tras el operativo relacionado con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en abril de 2026. Los acontecimientos posteriores, incluido un accidente en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses y dos integrantes de corporaciones mexicanas, derivaron en investigaciones y tensiones entre autoridades estatales y federales.

Las indagatorias continúan en los ámbitos estatal y federal. Hasta que las autoridades competentes determinen las responsabilidades correspondientes, las declaraciones sobre posibles irregularidades deben distinguirse de las conclusiones judiciales.