Durante los periodos electorales recientes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha acumulado un número significativo de denuncias por supuestas infracciones a la legislación electoral, principalmente por comentarios realizados durante sus conferencias matutinas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 187 quejas en su contra desde 2018 hasta abril de 2024, en comparación con las 24 denuncias contra Enrique Peña Nieto y 3 contra Felipe Calderón.
El INE ha implementado medidas cautelares en respuesta a 24 conferencias de López Obrador, con el objetivo de preservar la integridad del proceso electoral. Sin embargo, estas acciones no han resultado en sanciones formales. La Comisión de Quejas y Denuncias, liderada por la consejera Claudia Zavala, ha instado al presidente a mantenerse imparcial y neutral, evitando influir en la equidad de la contienda electoral.
Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido al menos 52 sentencias que confirman la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad por parte del presidente.
Arturo Sánchez, exconsejero del INE, ha expresado su preocupación por la falta de un marco legal claro que regule las consecuencias de violar el artículo 134 constitucional y ha sugerido la necesidad de una ley reglamentaria que defina las sanciones aplicables. Esta situación ha dejado tanto al INE como al TEPJF en una posición de indefensión, incapaces de aplicar sanciones efectivas para prevenir futuras infracciones.
La problemática se intensifica si los resultados electorales son estrechos, planteando interrogantes sobre la validez de la elección en vista de las reiteradas violaciones a la ley por parte del presidente. La regulación adecuada de estas cuestiones es crucial para el mantenimiento de la democracia y la justicia electoral en México.
