Los gobernadores de los 32 estados de México han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimine la prisión preventiva oficiosa. Argumentan que esta medida podría tener un impacto negativo en la seguridad y gobernabilidad del país.
Esta reacción se produce después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declarara que la prisión preventiva oficiosa es “contraria a las garantías internacionales” y sancionara a México por mantener esta práctica.
La prisión preventiva oficiosa es una figura legal que permite encarcelar automáticamente a los acusados de ciertos delitos durante la fase inicial del proceso judicial. Actualmente, en México, se aplica a un catálogo de 16 crímenes, que incluyen delitos como feminicidio y secuestro.
Los gobernadores, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presentaron un amicus curiae ante la SCJN, advirtiendo sobre los efectos negativos que tendría la eliminación de esta medida.
Enfatizaron que la prisión preventiva oficiosa es crucial para garantizar una adecuada conducción del proceso penal, proteger a las víctimas y asegurar que los delitos de alto impacto no queden impunes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también ha pedido a la SCJN que “recapacite” y mantenga la prisión preventiva oficiosa, destacando su importancia para la seguridad del país.
La discusión sobre esta medida continúa siendo un tema de debate significativo en México.
