Ciudad de México. Tras varios días de discusión y más de 190 intervenciones en tribuna, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 con el respaldo de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. El dictamen fue avalado en lo general con 372 votos a favor, 102 en contra y ninguna abstención, y será remitido al Ejecutivo federal para su publicación.

El paquete presupuestal contempla un incremento real de 1.3 por ciento respecto al ejercicio anterior y una de las decisiones más controvertidas fue la reducción de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE). Dichos recursos fueron reasignados a rubros como educación, infraestructura hídrica, medio ambiente, aviación civil y programas de atención social.

La votación estuvo marcada por el respaldo de Movimiento Ciudadano, cuya posición desató críticas del PAN y PRI. Legisladores de oposición acusaron a la bancada naranja de respaldar el presupuesto a cambio de mayores recursos para proyectos estratégicos en Jalisco y Nuevo León, entidades gobernadas por ese partido. Las acusaciones fueron rechazadas tanto por MC como por Morena.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, defendió la asignación de 6 mil 500 millones de pesos para obras hidráulicas en Jalisco, particularmente los acueductos Calderón-San Gaspar y Chapala-Guadalajara, argumentando que se trata de proyectos prioritarios para garantizar el abasto de agua en la zona metropolitana.

Mientras tanto, el PAN advirtió que el recorte al INE podría debilitar la capacidad operativa del árbitro electoral rumbo a los próximos procesos comiciales. El PRI, por su parte, cuestionó que no prosperaran propuestas para incrementar recursos destinados a salud, seguridad, carreteras y apoyo al campo.

Comentario
La aprobación del Presupuesto 2027 refleja que las disputas políticas ya se encuentran fuertemente ligadas al escenario electoral. Más allá de los señalamientos entre partidos, el verdadero desafío será demostrar que las reasignaciones presupuestarias responden a criterios técnicos y necesidades públicas, y no a cálculos de rentabilidad política. La transparencia en el ejercicio de los recursos y la rendición de cuentas serán determinantes para evaluar si las prioridades del gasto efectivamente benefician a la ciudadanía.