Ciudad de México. El partido político SOMOS presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y otros funcionarios federales, al considerar que han realizado pronunciamientos sobre asuntos electorales desde espacios institucionales, particularmente durante las conferencias matutinas conocidas como La Mañanera del Pueblo.

La organización argumentó que estas expresiones podrían vulnerar el Artículo 134 de la Constitución, que establece la obligación de los servidores públicos de actuar con imparcialidad y evitar el uso de recursos públicos con fines de promoción política o electoral. Por ello, solicitó al INE la imposición de medidas cautelares para impedir nuevas intervenciones relacionadas con el proceso electoral de 2027.

Durante la presentación de la queja, el representante jurídico de SOMOS, Carlos Ferrer, sostuvo que la mandataria federal ha abordado temas electorales en diversas ocasiones y que dichas referencias generan condiciones de inequidad entre los actores políticos. Asimismo, señaló que al menos una docena de gobernadores y funcionarios federales habrían emitido posicionamientos similares.

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, representante de SOMOS ante el INE, afirmó que la denuncia forma parte de una estrategia jurídica y política destinada a defender la equidad electoral. En tanto, Edmundo Jacobo cuestionó el papel del árbitro electoral y llamó a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas mediante decisiones imparciales y transparentes.

Hasta el momento, ni el INE ni las personas señaladas han emitido una resolución definitiva sobre los señalamientos, por lo que serán las autoridades electorales las encargadas de determinar si existen elementos suficientes para iniciar procedimientos sancionadores.

Comentario
La denuncia reabre el debate sobre los límites entre la comunicación gubernamental y la actividad político-electoral. En una democracia, la libertad de expresión de los servidores públicos debe coexistir con la obligación de garantizar condiciones de equidad para todos los participantes. La actuación del INE será clave para evitar percepciones de parcialidad y fortalecer la confianza ciudadana de cara a los próximos procesos electorales.