En la región de la Montaña y Costa Chica, en Guerrero, “el Estado usa a estas organizaciones criminales para amedrentar e impedir que las comunidades se organicen”, denuncia Sergio Ocampo, periodista especializado en derechos humanos

A la manera de la contrainsurgencia de los años setenta, la violencia que padece la Montaña y la Costa Chica de Guerrero es parte de una estrategia del Estado mexicano, en connivencia con el crimen organizado, para infundir terror e impedir que los pueblos rebeldes se organicen, denuncian defensores comunitarios y analistas.

Y plantean que los cuatro niveles de gobierno (comunitario, municipal, estatal y federal) deben acudir a los pueblos para conocer en realidad “de qué carecen y qué les duele”, así como ofrecer soluciones, en lugar de estar ausentes.

La contrainsurgencia se ha aplicado desde la lucha de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en los setenta, pasando por la Guerra Sucia, Ayotzinapa, los asesinatos del activista Antonio Vivar, del líder social Arnulfo Cerón y recientemente del alcalde de Malinaltepec, Acasio Flores, y del consejo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Leonel Félix, asegura el periodista Sergio Ocampo Arista.

El fundador de la CRAC y consejero del nuevo sistema de justicia Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti) en Malinaltepec, Félix Galeana Neri, ubica tres etapas de la presencia de la delincuencia: un primer momento a principios de los noventa, cuando comenzaron los asaltos, asesinatos y violaciones; después, hace cinco años, cuando el crimen organizado llegó a la región para extorsionar a los transportistas y, por último, la actual violencia y despliegue de grupos.

Hasta hace 10 años, la Montaña y la Costa Chica eran las últimas de las siete regiones de la entidad consideradas seguras y libres de la operación de grupos de la delincuencia, en parte por la creación de sistemas de justicia comunitarios, mismos que, según los entrevistados, el gobierno infiltró y dividió.

Su población Nahua, Ñuu savi y Mé phááá también se ha caracterizado por su lucha en contra de la instalación de las mineras, la defensa de sus ríos, por sus manifestaciones culturales y la preservación de sus lenguas maternas.
La media de la población en ambas regiones es de muy alto grado de marginación, por lo que es difícil explicar la penetración de las organizaciones criminales y de la violencia, expusieron.