Furia en el tintero / Por César Salvador Olvera

CIUDAD DE MÉXICO. Defender la tierra, el agua o a los desaparecidos en México equivale a firmar una sentencia de muerte con fecha de cobro diferida. Las cifras presentadas en el 179º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no solo indignan, exponen la simulación institucional: entre enero de 2022 y septiembre de 2026, el país acumuló 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras.

El dato más cruento no es el ataque, sino la respuesta del Estado. De 113 expedientes documentados por el Espacio OSC e Iniciativa Sinaloa, solo cuatro cuentan con sentencia condenatoria. Un nivel de impunidad del 96.5%.
Las fiscalías estatales operan bajo un molde predecible: desvinculan la labor de defensa de la línea de investigación para evitar chocar con grupos de poder local, poderes criminales o corporativos. La comisionada Andrea Pochak lo dejó claro ante la delegación mexicana: la violencia contra defensores en el país no es fortuita, es estructural.

El Mecanismo Federal de Protección sobrevive entre la burocracia, recortes y análisis de riesgo extemporáneos. Se castiga, cuando mucho, al gatillero de alquiler, pero jamás a la mente que pagó por el disparo.

Frente al escrutinio internacional, la delegación mexicana prometió mesas de trabajo, registros homologados, valorar una fiscalía especializada en la FGR y adoptar formalmente el Protocolo Homologado de Investigación. Promesas de tintero que suenan huecas frente al dolor de las familias. Mientras el escritorio oficial siga acumulando acuerdos y compromisos de papel, la calle seguirá acumulando lápidas.