La guerra del ‘oro verde’: Fitosanidad o blindaje de precios en Michoacán
Furia en el tintero / Por César Salvador Olvera
URUAPAN, MICH. La tensión en el corazón aguacatero de México cruzó una línea peligrosa. La incineración de 52 toneladas de aguacate procedentes de Jalisco, Colima y Nayarit por parte de la Unión de Pequeños Productores de Aguacate de Michoacán no es solo un incidente de control sanitario; es un síntoma del severo quiebre operativo y económico que atraviesa la industria del “oro verde”.
La fruta, con destino a las instalaciones de empacadoras de exportación como Grupo West Pak de México, fue interceptada e incinerada bajo el argumento de presunta presencia de plagas como el gusano barrenador (Heilipus lauri). Sin embargo, la medida carece —hasta el momento— de un dictamen técnico o certificación oficial por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Detrás del argumento de la barrera sanitaria y la protección del estatus fitosanitario michoacano —el único estado con certificación plena para exportar directamente al mercado de Estados Unidos bajo el acuerdo del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA-APHIS)— se esconde una añeja disputa de mercado: la caída estacional de los precios pagados al productor y el combate al trasvase clandestino de fruta ajena a la entidad.
Las brigadas de productores han asumido funciones de inspección en las entradas estratégicas a Uruapan para frenar la entrada de aguacate foráneo. La exigencia central es fijar un piso mínimo de comercialización de 40 pesos por kilogramo para la producción local, en un contexto donde los costos de insumos, fertilizantes y seguridad interna han mermado drásticamente la rentabilidad de las huertas familiares.
El incidente amenaza con tensar las relaciones comerciales entre las entidades productoras del occidente del país y reabrir el escrutinio de las autoridades estadounidenses sobre los controles de trazabilidad del fruto. Mientras la diplomacia agrícola y las dependencias estatales omiten una intervención directa, la justicia por propia mano en los accesos carreteros expone la fragilidad de una cadena productiva que genera miles de millones de dólares, pero cuyos beneficios siguen sin reflejarse en las manos de quienes cosechan la tierra.
