Ciudad de México. — El sistema de impartición de justicia en México enfrenta una nueva y severa parálisis. A partir de este viernes 6 de noviembre de 2026, aproximadamente 32 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro nacional de labores en al menos 22 sedes distribuidas en más de 16 estados de la República.

La movilización, que comenzó de forma anticipada en Morelos con el cierre de juzgados en Cuernavaca y Xochitepec, escaló rápidamente hacia edificios clave en la capital del país como San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma, así como en entidades del norte, centro y sur del territorio nacional.

El detonante de este conflicto laboral es la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un acuerdo emitido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el cual implementa un nuevo mecanismo obligatorio de evaluación de desempeño para secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales. Si bien la autoridad argumenta que el examen programado para el mes de diciembre tendrá inicialmente un carácter “diagnóstico”, las bases del acuerdo establecen un sistema de puntajes y categorías que contempla la baja definitiva de la institución para aquellos empleados que obtengan 59 puntos o menos y no acrediten un examen extraordinario.

Los puntos de fricción: ponderación y temor a represalias

El rechazo de la base trabajadora no radica en la evaluación de conocimientos —la cual tiene un valor del 40% en la calificación final—, sino en la distribución del restante 60%, que depende de factores subjetivos e institucionales. Entre ellos destacan la valoración directa del titular del juzgado o magistrado (22.5%), la evaluación de compañeros (7.5%), los reportes institucionales (10%), así como parámetros de productividad y comportamiento.

Gremios sindicales, como la Unión Nacional de Trabajadores del PJF y el Sindicato de Renovación en Nuevo León, han manifestado su profunda inconformidad al advertir que otorgar un peso tan alto a la apreciación de los superiores jerárquicos vulnera la independencia de criterio de los empleados.

“Otorgar facultades de calificación directa a los jueces y magistrados crea un escenario propicio para la persecución laboral, la intimidación y las represalias contra aquellos trabajadores que disientan jurídicamente o señalen errores en las resoluciones”, denunciaron representantes sindicales.

Asimismo, los inconformes cuestionan los plazos de preparación, señalando que disponer de apenas dos semanas entre la publicación del temario —fijada para los días 17 y 18 de noviembre— y el arranque de las evaluaciones el 4 de diciembre resulta insuficiente, más aún cuando el personal debe continuar atendiendo la pesada carga de expedientes en los tribunales y juzgados federales sin suspender sus cargas ordinarias de trabajo.

Un conflicto que revive la tensión institucional

Esta movilización representa un nuevo capítulo de confrontación en el aparato judicial, sucediendo a las históricas protestas registradas en 2024 contra la reforma al Poder Judicial. En esta ocasión, la disputa se centra en la estabilidad laboral y los criterios de permanencia para un personal que sostiene la operación diaria de más de 900 órganos jurisdiccionales en estados como Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Mientras el OJ mantiene firme su postura de revisar los perfiles y estructurar programas de capacitación, los sindicatos llamaron a sus agremiados a no inscribirse en el proceso hasta que se garanticen condiciones de objetividad total, dejando a miles de justiciables en la incertidumbre ante la suspensión indefinida de plazos y trámites en los tribunales federales.

Comentario
El estallido de este paro nacional evidencia que la reestructuración del Poder Judicial no solo cojea de una reforma estructural en sus cúpulas, sino de una profunda crisis de confianza en sus bases operativas. Condicionar la permanencia laboral al arbitrio jerárquico de los superiores —bajo el pretexto de una modernización administrativa— encubre un riesgo latente de subordinación política y amedrentamiento interno. Si la justicia federal aspira a ser verdaderamente autónoma e imparcial, sus operadores no pueden ser tratados bajo esquemas de presión laboral que sacrifiquen su libertad de criterio en aras de una simulada eficiencia institucional.