Jericó Abramo Masso, diputado del PRI, ha expresado su preocupación por el impacto económico del paquete fiscal propuesto para 2025. Destacó que los recortes en transferencias federales y aportaciones a estados y municipios podrían poner en riesgo servicios públicos esenciales. Según el legislador, el monto autorizado de deuda en el paquete es de 1.5 billones de pesos, y se estima que para 2025 se pagarán 1 billón 388 mil millones de pesos en intereses, superando las participaciones destinadas a entidades federativas, que recibirán 1 billón 350 mil millones de pesos.

Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI, también criticó la Ley de Ingresos, argumentando que no garantiza un crecimiento económico estable y eficiente. La bancada priista señala que el paquete económico prioriza proyectos centralistas, como la refinería de Dos Bocas, mientras reduce fondos para salud, obra pública y gobiernos locales.

El diputado Emilio Suárez Licona del PRI añadió que la Ley de Ingresos aumenta la incertidumbre económica al favorecer proyectos sin rumbo claro y recortar recursos en sectores clave. Advirtió que estas decisiones podrían limitar el acceso a servicios básicos y reducir la competitividad del país, afectando especialmente a las regiones más vulnerables como Guerrero, Oaxaca y Campeche.

Los legisladores del PRI también cuestionaron las proyecciones fiscales del gobierno, señalando que el precio del barril de petróleo se ha sobreestimado en 57 dólares, cuando el precio real es de 72 dólares. Además, criticaron la estimación del tipo de cambio en 18.50 pesos, cuando la cotización actual es de 20.65 pesos por dólar. Estos errores, según los diputados, podrían desestabilizar la economía y afectar la infraestructura del país.

Los diputados priistas hicieron un llamado a replantear el paquete económico para enfrentar los desafíos con mayor responsabilidad y fortalecer el federalismo. Insistieron en la necesidad de mejorar la recaudación local sin dejar a los estados en insolvencia, y subrayaron que el PRI no puede apoyar una propuesta económica que consideran nociva y contraproducente.