Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que mantenga vigente el blindaje electoral aprobado en Chihuahua contra candidaturas vinculadas con la delincuencia organizada y sostuvo que el Congreso estatal está preparado para acatar cualquier resolución que emita el máximo tribunal.

Durante la conferencia de prensa, Chávez recordó que el Congreso de Chihuahua aprobó una reforma que contempla la posibilidad de anular elecciones y cancelar registros de candidaturas cuando se comprueben vínculos con el crimen organizado.

El legislador señaló que la reforma no está dirigida contra un partido específico, sino que, de acuerdo con su explicación, contempla a todo el sistema de partidos.

Chávez sostuvo que la intención es evitar que grupos criminales intervengan en los procesos electorales y utilizó como referencia la situación de Sinaloa para advertir sobre los riesgos que, desde su perspectiva, tendría Chihuahua si las organizaciones criminales lograran penetrar las instituciones políticas.

El coordinador panista acusó a Morena de haber impugnado el blindaje electoral ante la Suprema Corte y calificó esta impugnación como un asunto que, desde su perspectiva, trasciende el terreno jurídico.

Afirmó que el PAN considera que la legislación fue construida dentro del marco constitucional y que el Congreso local actuó para ampliar los mecanismos de protección de los derechos políticos de la ciudadanía.

Chávez sostuvo que el derecho a votar y ser votado debe ejercerse sin presiones ni vínculos con organizaciones criminales y señaló que la reforma permite actuar antes de que una persona asuma el cargo, mediante la cancelación de una candidatura cuando se acrediten los supuestos establecidos.

Explicó que la Corte ya habría validado distintos aspectos de la reforma electoral y que los puntos relacionados con la intervención extranjera y las candidaturas vinculadas con delincuencia son algunos de los asuntos que permanecen bajo análisis.

El coordinador insistió en que, si la Suprema Corte determina que el Congreso debe realizar modificaciones, los legisladores deberán acatar la resolución.

“No somos Morena”, dijo Chávez al responder sobre la posibilidad de desacato, y aseguró que el PAN respetará las determinaciones del Poder Judicial y el Estado de Derecho.

Sin embargo, reiteró su llamado a los ministros y ministras para que no eliminen el mecanismo relacionado con las candidaturas vinculadas con delincuencia organizada.

El panista sostuvo que la legislación representa un mecanismo para que los ciudadanos puedan denunciar posibles vínculos y evitar que una persona llegue al poder cuando existan elementos jurídicos que acrediten una relación con organizaciones criminales.

Durante su intervención también cuestionó las acusaciones y señalamientos políticos relacionados con integrantes de Morena y mencionó a distintos personajes de ese partido. Estas referencias fueron planteadas por el legislador como parte de su posicionamiento político y no como determinaciones judiciales sobre responsabilidad penal.

Chávez también respaldó el posicionamiento expresado por la gobernadora Maru Campos respecto al blindaje electoral y aseguró que el objetivo es evitar que el crimen organizado tenga capacidad de decidir candidaturas o resultados electorales en Chihuahua.

En ese contexto, afirmó que Chihuahua debe evitar convertirse en un escenario similar al que, según su interpretación, se ha presentado en otros estados donde la delincuencia organizada ha tenido influencia política.

El coordinador panista también habló sobre el caso del empresario Carlos Alberto Velázquez Nieto, relacionado con Energética Carvel y Aseo Municipal, y cuestionó que el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, no haya ofrecido explicaciones públicas sobre sus vínculos políticos o administrativos con el empresario.

La detención de Velázquez Nieto está registrada públicamente desde el 24 de septiembre de 2026, y posteriormente se reportó que quedó sujeto a proceso federal.

Chávez retomó este caso para cuestionar a Pérez Cuéllar y señalar que el tema cobra relevancia debido a sus aspiraciones políticas dentro del estado.

En otro tema, el coordinador legislativo informó sobre el avance de la propuesta para crear una Fiscalía General autónoma en Chihuahua.

Explicó que el dictamen se encuentra en proceso de construcción y que se han sostenido conversaciones con representantes del PT, Movimiento Ciudadano, PRI y Partido Verde, además de otros actores legislativos.

Chávez señaló que el objetivo es votar el dictamen en comisión durante la semana y que, de existir las condiciones, podría llegar al Pleno en la siguiente semana.

Explicó que la demora se debe a cuestiones técnicas relacionadas con la separación de un área importante del Poder Ejecutivo para darle autonomía.

El diputado señaló que, de aprobarse la reforma constitucional, posteriormente será necesario construir una nueva legislación orgánica para la Fiscalía, proceso en el que consideró importante escuchar a quienes trabajan directamente dentro de la institución.

Sostuvo que los operadores del sistema pueden aportar elementos prácticos para elaborar una legislación acorde con las necesidades cotidianas de la Fiscalía.

Chávez afirmó que la autonomía de la Fiscalía no responde a un interés político-electoral, sino a la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. También señaló que Chihuahua es uno de los estados que todavía no cuenta con una fiscalía autónoma bajo el modelo que, según explicó, existe en otros puntos del país.

El coordinador reconoció que las negociaciones legislativas continúan y que todavía existen posiciones distintas entre los grupos parlamentarios.

Otro de los temas que abordó fue la regulación de las campañas anticipadas.

Cuestionado sobre los señalamientos del presidente del Tribunal Estatal Electoral, Hugo Molina, respecto a que los partidos no han construido una legislación suficientemente efectiva para frenar las campañas anticipadas, Chávez reconoció que existen vacíos y áreas que deben revisarse.

Consideró que la legislación electoral se ha quedado corta tanto en Chihuahua como a nivel federal, pero rechazó que pueda considerarse completamente letra muerta.

Afirmó que uno de los problemas está relacionado con la utilización de vacíos legales por parte de quienes buscan posicionarse antes de los tiempos establecidos.

El coordinador sostuvo que una reforma electoral debe construirse mediante diálogo entre instituciones, partidos y sociedad, y cuestionó la falta de acuerdos entre el Gobierno Federal y las fuerzas políticas de oposición.

También criticó el uso anticipado de publicidad política y recordó que este fenómeno se hizo evidente desde los procesos internos de Morena para definir candidaturas.

Chávez defendió nuevamente la reforma electoral de Chihuahua y sostuvo que el blindaje contra la delincuencia organizada es parte de una estrategia más amplia para fortalecer los derechos de los ciudadanos.

Durante la conferencia también se le preguntó sobre la posibilidad de que la sentencia de la Corte obligara al Congreso a legislar con un plazo reducido antes del proceso electoral.

El coordinador reiteró que esperarán los efectos concretos de la resolución y, si existe una obligación legislativa, realizarán los cambios correspondientes dentro de las facultades del Congreso.

También aclaró que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos impugnó otros aspectos de la legislación y no específicamente el blindaje electoral contra candidaturas vinculadas con delincuencia organizada, diferenciando esa acción de las impugnaciones presentadas por legisladores de Morena.

Chávez sostuvo que el PAN continuará defendiendo la reforma aprobada por el Congreso estatal y que corresponderá a la Suprema Corte determinar qué elementos de la legislación son constitucionalmente válidos.