Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

La diputada federal Rocío González advirtió sobre la presión que enfrenta el presupuesto federal de cara a 2027 y señaló que Chihuahua requiere mayores recursos para atender rubros como salud, seguridad, educación, carreteras, agua e infraestructura, al tiempo que planteó la necesidad de modificar el pacto fiscal para incrementar la distribución de recursos hacia las entidades federativas.

Durante una conferencia de prensa, González presentó un análisis del Paquete Económico 2027 y señaló que el gasto federalizado ha perdido participación en los últimos años. Explicó que, de acuerdo con los datos que presentó, en 2018 representaba alrededor del 35 por ciento y actualmente se ubica en aproximadamente 28.7 por ciento, por lo que insistió en la propuesta de construir un nuevo pacto fiscal.

La legisladora recordó que el Grupo Parlamentario del PAN y ella misma han presentado iniciativas para modificar las fórmulas de distribución y buscar un incremento de al menos 15 por ciento en el gasto federalizado, bajo el argumento de que los estados y municipios requieren mayores recursos para atender sus responsabilidades.

En cuanto a las cifras generales del presupuesto, señaló que el Gobierno Federal contempla ingresos por alrededor de 9 billones de pesos, mientras que el gasto proyectado supera los 10 billones de pesos, lo que implicaría un déficit que, de acuerdo con su exposición, terminaría presionando nuevamente el nivel de endeudamiento.

González sostuvo que el problema no se encuentra únicamente en el porcentaje que representa la deuda respecto al Producto Interno Bruto, sino en la falta de información que, desde su perspectiva, existe sobre el destino de los recursos contratados en los últimos años.

Afirmó que para 2027 la deuda podría ubicarse alrededor del 55 por ciento del PIB, y cuestionó que no exista, a su consideración, suficiente información sobre dónde se ha invertido el dinero obtenido mediante financiamiento. La Secretaría de Hacienda, por su parte, presentó oficialmente el Paquete Económico 2027 como su propuesta de política económica para el tercer año de la actual administración.

Para Chihuahua, la diputada mencionó una previsión de aproximadamente 46 mil millones de pesos en participaciones del Ramo 28 para 2027, aunque señaló que el incremento real frente al ejercicio anterior sería mucho menor al observarlo después de considerar la inflación.

Uno de los principales reclamos de González se centró en el mantenimiento carretero, pues aseguró que dentro de los recursos federales contemplados para ese rubro no aparece, hasta el momento de su revisión, una asignación específica para Chihuahua.

También cuestionó los recursos destinados a infraestructura hidráulica y agrícola, al considerar insuficientes las cantidades que, según su exposición, aparecen para el estado.

La legisladora agregó que existen reducciones o presiones presupuestales en rubros relacionados con madres buscadoras, salud, seguridad, niñas y niños y mujeres con cáncer, además de cuestionar que se reduzca en aproximadamente 10 por ciento el Fondo de Infraestructura Social que llega a los municipios.

González sostuvo que el presupuesto federal se encuentra cada vez más presionado por el crecimiento de las pensiones y los programas sociales, lo que reduce el margen disponible para infraestructura y obra pública. Por ello, planteó que parte de los recursos que actualmente se destinan a grandes proyectos federales deberían orientarse a necesidades de salud, seguridad y educación.

En la ronda de preguntas, la diputada explicó que desde la Cámara de Diputados buscará presentar reservas para incrementar los recursos destinados a salud, seguridad, educación y carreteras.

En este punto hizo una precisión respecto al presupuesto carretero de Chihuahua. Señaló que aunque el estado no recibió inicialmente una partida propiamente etiquetada para carreteras, durante el ejercicio anterior se logró gestionar entre 700 y 800 millones de pesos para mantenimiento, particularmente en la carretera Chihuahua-Juárez.

Reconoció que la carretera continúa presentando problemas, pero atribuyó esos recursos a las gestiones realizadas por la gobernadora Maru Campos y legisladores federales.

También adelantó que insistirá en la necesidad de asignar mayores recursos al Hospital Lázaro Cárdenas del ISSSTE, luego de planteamientos realizados por personal sindicalizado y jubilados, así como en fortalecer el presupuesto para el sector salud.

Sobre la situación financiera de Chihuahua, González fue cuestionada por el nivel de endeudamiento estatal y respondió que se trata de un problema que se ha acumulado durante diferentes administraciones.

Explicó que existe una diferencia entre la deuda de largo plazo y los compromisos de corto y mediano plazo. Según su explicación, durante la actual administración estatal se habría avanzado en el pago de obligaciones de corto y mediano plazo que presionaban las finanzas estatales.

Respecto a la deuda de largo plazo, señaló que se trata de compromisos heredados de administraciones anteriores y recordó que durante 2021 se discutió la contratación de un nuevo financiamiento que ella rechazó por considerar que las condiciones financieras podían terminar incrementando considerablemente el costo total.

González defendió que el endeudamiento estatal debe analizarse también desde el destino de los recursos y aseguró que en Chihuahua se está reflejando en infraestructura, puentes, mantenimiento carretero, programas de salud, nutrición, escuelas y obras hidráulicas.

Como contraste, cuestionó el destino de la deuda federal y afirmó que no identifica una obra federal de inversión equivalente en Chihuahua.

La diputada agregó que ha presentado una iniciativa relacionada con el pacto fiscal, con la intención de modificar las fórmulas para beneficiar a entidades con mayor capacidad de recaudación. Sostuvo que Chihuahua, al encontrarse entre los estados con mayor recaudación per cápita, podría recibir recursos adicionales mediante una fórmula de este tipo.

Otro de los temas abordados fue la doble nacionalidad. González cuestionó la discusión impulsada a nivel federal para establecer restricciones a personas con doble nacionalidad que busquen determinados cargos de elección popular.

La legisladora sostuvo que existe una contradicción entre valorar las aportaciones económicas de mexicanos que viven en Estados Unidos y, al mismo tiempo, plantear restricciones cuando alguno de ellos pretende participar políticamente en México.

En su intervención también criticó una propuesta que, según expuso, podría establecer sanciones de hasta cinco años de prisión por la elaboración o difusión de determinados memes relacionados con actores políticos. Consideró que una medida de este tipo afectaría la libertad de expresión y la forma en que los ciudadanos participan en el debate público.

González también cuestionó una propuesta para homologar los catastros municipales y trasladar información catastral hacia la Federación. Señaló que los catastros son una facultad municipal vinculada con el impuesto predial y defendió que los municipios mantengan la rectoría sobre sus propios sistemas.

La diputada dijo estar de acuerdo con compartir información y homologar procesos tecnológicos, pero no con centralizar la administración catastral.

En materia electoral, González respaldó el llamado del PAN para mantener el llamado blindaje electoral de Chihuahua frente a posibles vínculos entre candidaturas y delincuencia organizada.

Asimismo, consideró que la legislación electoral ha quedado rebasada frente a las campañas anticipadas y señaló que uno de los principales problemas no necesariamente es la ausencia de normas, sino la falta de sanciones efectivas.

Recordó que, desde su perspectiva, las denominadas corcholatas de Morena marcaron un precedente de promoción política anticipada y sostuvo que el problema se agravó al no existir consecuencias suficientes frente a este tipo de actividades.

La diputada también hizo referencia a casos de violencia política y electoral registrados en diferentes entidades, al señalar que Chihuahua debe mantener mecanismos para evitar que grupos criminales intervengan en los procesos electorales.

En ese sentido, defendió el blindaje aprobado por el Congreso de Chihuahua y sostuvo que el objetivo es impedir que una candidatura vinculada con delincuencia organizada pueda llegar a ocupar un cargo mediante la elección.