La confrontación política entre PAN y Morena en Chihuahua escaló al terreno electoral luego de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) ordenara retirar los espectaculares y un spot vinculados con la campaña impulsada por la presidenta estatal panista, Daniela Álvarez Hernández, bajo la frase “Muerte y Morena es lo mismo”.

La determinación fue confirmada por la consejera presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto, quien explicó que las medidas cautelares fueron aprobadas por la Comisión de Quejas y Denuncias después de una denuncia presentada por Morena. La resolución establece que la propaganda señalada debe ser retirada mientras continúa el procedimiento electoral.

De acuerdo con Durán Prieto, al PAN se le otorgó un plazo de 24 horas para cumplir con el retiro de la propaganda una vez que fue notificado. La funcionaria explicó que la medida no constituye todavía una resolución definitiva sobre la legalidad de la campaña, sino una determinación provisional mientras se analiza el procedimiento.

El conflicto comenzó a hacerse visible a principios de agosto, cuando Daniela Álvarez presentó una estrategia de comunicación del PAN dirigida directamente contra Morena, con espectaculares instalados tanto en Chihuahua capital como en Ciudad Juárez.

Uno de los anuncios mostraba de manera destacada la frase “Muerte y Morena es lo mismo”, mensaje con el que la dirigente panista buscó vincular al partido guinda con la crisis de violencia y homicidios que enfrenta el país y, particularmente, Chihuahua.

La campaña generó una inmediata reacción de Morena. La dirigencia morenista cuestionó el contenido de los anuncios y exigió conocer el origen de los recursos utilizados para colocarlos, además de recurrir a las autoridades electorales para solicitar su retiro. Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, ambos identificados como figuras que buscan posicionarse rumbo a la sucesión gubernamental de 2027, también cuestionaron públicamente la propaganda.

En la presentación de la campaña, Álvarez sostuvo que el PAN buscaba denunciar lo que considera responsabilidad de los gobiernos de Morena en materia de seguridad. Entre sus argumentos, la panista habló de los homicidios registrados durante los últimos años y señaló particularmente la situación de Ciudad Juárez, municipio que hasta hace unas semanas era gobernado por Cruz Pérez Cuéllar.

La dirigente blanquiazul también lanzó acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre Morena, violencia y financiamiento proveniente del crimen organizado. Esas afirmaciones forman parte del discurso político de Álvarez y no constituyen por sí mismas determinaciones judiciales sobre responsabilidad penal.

Morena respondió acusando al PAN de utilizar recursos públicos para financiar una campaña que calificó como difamatoria y pidió que se transparentara cuánto se había destinado a los anuncios. La disputa, de esta manera, pasó de una confrontación entre partidos a un procedimiento formal ante las autoridades electorales.

La controversia no se limitó a los espectaculares. Daniela Álvarez informó posteriormente que recibió notificaciones relacionadas con tres quejas promovidas por Morena: una por el espectacular con la frase “Muerte y Morena es lo mismo”, otra por declaraciones realizadas durante una conferencia de prensa y una tercera por material audiovisual difundido en redes sociales en el que cuestionaba a personajes de Morena que podrían buscar la candidatura a la gubernatura en 2027.

Tras conocer las medidas cautelares, Álvarez acusó a Morena de intentar censurarla y anunció que recurriría a los tribunales para defender lo que considera su libertad de expresión y sus derechos políticos. La dirigente panista sostuvo que no dejaría de señalar a Morena y adelantó que buscaría llevar la controversia primero ante el Tribunal Estatal Electoral y, de ser necesario, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Desde el IEE, sin embargo, la explicación fue distinta. Yanko Durán Prieto señaló que las medidas cautelares no representan una prohibición general para que el PAN critique a Morena ni una resolución definitiva sobre el fondo del conflicto.

La consejera presidenta explicó que la libertad de expresión tiene protección constitucional, pero también está sujeta a límites establecidos por las leyes y por criterios previamente determinados por las autoridades jurisdiccionales. Por ello, indicó que el organismo electoral debe atender los criterios de las instancias superiores al momento de dictar este tipo de medidas.

El siguiente paso será determinante. Una vez que el IEE concluya la instrucción del procedimiento, el expediente será enviado al Tribunal Estatal Electoral, instancia que deberá resolver el fondo de la controversia y determinar si existió o no una infracción electoral.

Durán Prieto aclaró que las medidas cautelares únicamente buscan que los materiales denunciados permanezcan fuera de circulación durante la tramitación del procedimiento. En caso de que el PAN o algún actor incumpla las medidas impuestas, el propio IEE conserva facultades para aplicar las sanciones correspondientes por ese incumplimiento.

El caso ocurre además en un momento en que los partidos políticos de Chihuahua han comenzado a intensificar sus posicionamientos rumbo a la elección de 2027, en la que estará en disputa la gubernatura del estado. La campaña encabezada por Álvarez representa así uno de los primeros choques propagandísticos de alto impacto entre PAN y Morena en la antesala de ese proceso.

Por ahora, el mensaje que originó la disputa deberá salir de los espacios señalados por la autoridad electoral, mientras que la discusión sobre si la campaña rebasó o no los límites establecidos por la legislación electoral quedará en manos del Tribunal Estatal Electoral.